La Defensoría del Pueblo censura los actos de violencia política cometidos por servidores públicos de la Alcaldía de La Paz en  contra de las concejalas Roxana Pérez del Castillo, Eliana Paco Paredes y Joselin Pinto, a quienes no les permitieron ingresar a la sala de reuniones del piso 2 del Palacio Consistorial, donde se socializaba la Resolución Municipal 007/2022, que autoriza el incremento de la tasa de aseo urbano.

Las tres concejalas, que están en segundo día de huelga de hambre en el hall del Palacio Consistorial demandando la abrogación de esa Resolución, pretendieron participar de dicha socialización, pero fueron empujadas y agredidas por servidores públicos municipales, que impidieron su participación y ejercicio de su función fiscalizadora, indica un informe de prensa institucional.

La Defensoría del Pueblo efectuó la verificación de este hecho y tomó testimonio de las víctimas, quienes ratificaron que fueron agredidas por funcionarios ediles, contra los que anunciaron la denuncia respectiva.  

Conforme a la Ley 243, “Ley contra el Acoso y la Violencia Política”, este suceso se constituye en vulneración a los derechos de las mujeres representantes elegidas por el pueblo.

La institución defensorial recuerda que esta Ley establece que constituyen actos de Violencia Política  “las conductas y/o agresiones físicas cometidas por una persona o grupo de personas en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública para impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos”.

La Defensoría del Pueblo recuerda al Alcalde Municipal que, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 243, los servidores públicos que conozcan de la comisión de actos de acoso y/o violencia política hacia mujeres electas tienen la obligación de denunciar el hecho ante las autoridades competentes. La omisión de denuncia conlleva un proceso y la respectiva sanción.

Además, le recuerda que debe facilitar la labor fiscalizadora de las concejalas, quienes representan al órgano deliberativo municipal.

La Defensoría del Pueblo rechaza estos actos de violencia ejercidos contra las tres concejalas y pide al Ministerio Público la inmediata investigación para sancionar a los responsables; además, exige al Ejecutivo y Concejo Municipal brindar garantías para el ejercicio de las funciones de las autoridades electas, indica el reporte de prensa.