Hoy llega a Sucre el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, en el marco de una visita a Bolivia que, más allá de las observaciones de algunos actores políticos y sociales, ha despertado el interés de los medios de comunicación, sobre todo, por la difícil coyuntura de la justicia nacional.

García-Sayán hace bien en viajar a la capital del país, que es, además, la sede del Órgano Judicial y, por lo tanto, el lugar geográfico donde trabajan las principales autoridades de las instituciones que forman parte del problema a resolver. Desde Sucre deben partir las instrucciones para empezar a cambiar el actual estado de cosas.

Si se va a ver el funcionamiento de la justicia, es bueno recordar que el Órgano Judicial muchas veces se muestra hasta con tres cabezas, y que, en lo inherente al régimen disciplinario, al menos tranquiliza saber que el actual presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, era un abogado crítico del sistema judicial vigente antes de asumir su alto cargo. Él dijo ayer que no hay nada que ocultar y eso permite guardar esperanzas sobre una adecuada muestra de la crisis de la justicia boliviana.

En sintonía, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, declaró: “Seremos sinceros y transmitiremos de forma objetiva los acontecimientos y la realidad del Órgano Judicial…”.

Por eminente actualidad, dos son los temas que tienen a la justicia en la mira de los bolivianos: uno, claramente político, el caso de la expresidenta Jeanine Áñez y otro, el de Richard Choque Flores que, habiendo sido liberado por un juez, volvió a delinquir y dejó alrededor de setenta víctimas.

Este último ha sido mostrado como paradigmático incluso en el exterior del país. La justicia, que debe encerrar criminales, lo puso nuevamente en la calle y eso costó vidas humanas. Pero además, el juez que lo liberó, Rafael Alcón, es hermano de un exconsejero de la Magistratura que fue suspendido del cargo, precisamente, por nepotismo. Gonzalo Alcón fue elegido en ese cargo gracias a su afinidad con el Movimiento Al Socialismo (MAS), una muestra del problema de fondo de la justicia boliviana: su partidización. Este detalle vincula el caso de Choque Flores con el Áñez.

El denominado “caso Golpe II” tiene serios indicios de haber sido armado para condenar a la mujer que asumió la Presidencia del Estado por sucesión constitucional, en medio de un peligroso vacío de poder tras la renuncia y huida de Evo Morales del país.

Jeanine Áñez lleva casi un año guardando detención, en la que se le negaron sistemáticamente sus derechos, entre ellos a la atención médica, a defenderse en libertad o al menos con detención domiciliaria, y se la trató ignorando su condición de exmandataria.

Cuando la historia registre este caso, en un momento en el que se recupere la institucionalidad, como base fundamental de la democracia, Bolivia citará el maltrato a la expresidenta Jeanine Áñez como uno de los peores ejemplos de abuso político y de podredumbre de la justicia nacional. Sin contar con la imagen que está dejando el país hacia el resto de la región y el mundo.

Al margen del debate sobre si los sucesos de octubre y noviembre de 2019 fueron una directa consecuencia de un fraude electoral —como lo constató la Organización de los Estados Americanos— o de un golpe de Estado, lo que salta a la vista es que la expresidenta fue puesta tras las rejas como una decisión política, la del gobernante MAS que, de esa manera, envió un mensaje intimidante a cualquier tipo de oposición; una oposición —por lo demás— disminuida de antemano por sus propios méritos.

Y aquí también es importante señalar, a manera de necesario paréntesis, que el gobierno de Áñez ha actuado en el mismo sentido —el de la persecución a adversarios políticos— con el entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo, hoy apresado en Estados Unidos por asuntos de corrupción.

Hoy, cuando la expresidenta sufre en carne propia los rigores de la arbitrariedad política cuando esta se entromete en el Órgano Judicial, el Estado de Derecho queda en entredicho. Eso es lo que, con la imparcialidad que debe caracterizar a un organismo como las Naciones Unidas, tendría que considerar su relator García-Sayán.