Los juristas independientes y los representantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), en el encuentro que tuvieron  con el relator Especial de la ONU, Diego García-Sayán, entregaron documentos que demuestran la injerencia política en el sistema de justicia y su sometimiento al poder político. Calculan que entre las dos carpetas suman al menos 80 acciones del MAS  dirigidas a someter a la justicia.

Ambos sectores coinciden en señalar que si bien la justicia tenía deficiencias, la crisis se agudizó desde la determinación de “elegir a las altas autoridades del Órgano Judicial” a través de voto popular.

Esta decisión fue vista con buenos ojos, pero se estropeó, debido a la manipulación del proceso desde la Asamblea Legislativa. Esta desde la primera elección de 2011, en la que la mayoría de 2/3 de la bancada parlamentaria gubernamental seleccionó a los postulantes a magistrados supremos, preferentemente, a partir de sus afinidades político partidarias, dejó de lado la consideración de méritos e idoneidades.

El Conade denunció la cooptación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)  a través de la instauración de un juicio en la Asamblea Legislativa contra los magistrados por dejar en suspenso la Ley del Notariado.

En 2014, Gualberto Cusi y sus colegas Soraida Chánez y Ligia Velásquez fueron acusados por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y prevaricato. Los tres fueron alejados de sus cargos, para que asuman los magistrados suplentes identificados con el gobierno de Evo Morales.

Los juristas independientes denunciaron ante García-Sayán que “de manera ilegal, se instauró en 2007, un juicio de responsabilidades a magistrados del Tribunal Constitucional, por haber declarado la inconstitucionalidad del Decreto Presidencial que designó magistrados”.

Este juicio fue desestimado, pero derivó en presiones gubernamentales que ocasionaron la renuncia de cuatro de los cinco magistrados. Esta situación dio lugar a que el Tribunal Constitucional deje de lado sus labores jurisdiccionales entre noviembre de 2007 a diciembre de 2009.

Los juristas también dijeron que “la independencia externa del sistema de justicia sufrió serios daños como efecto de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 y la 040 de 1 de septiembre de 2010, por las cuales se dispone, por una parte, un régimen de transición para la implementación del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional y Ministerio Público.

Se determinó también que sea el presidente del Estado (Evo Morales), quien proceda a la nominación interina de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados del Tribunal Constitucional y miembros del Consejo de la Judicatura.

El Legislativo declaró “transitorios” todos los cargos de las altas autoridades de justicia.

Otro aspecto en que coinciden es que la subordinación económica al Ejecutivo determina la vulneración de su independencia.

Gobierno premia con cargos públicos

El favorecimiento al  Movimiento Al Socialismo (MAS) fue premiado con cargos públicos. El expresidente Evo Morales buscó el favor del Tribunal Constitucional con una sui géneris declaración de que la reelección indefinida a la presidencia del Estado es un derecho humano.

Más adelante los magistrados que lo beneficiaron fueron premiados con diferentes cargos públicos. El exmagistrado del TCP, Ruddy Flores, fue nombrado en un cargo diplomático en Ginebra, junto a su

esposa, ahora se desempeña como jefe de gabinete del actual Vicepresidente David Choquehuanca. La exmagistrada Neldy Andrade fue designada como Autoridad Jurisdiccional Administrativa de Minería.

El exmagistrado Macario Lahor Cortez fue designado en otro cargo  público.