El gobierno de Luis Arce Catacora está recurriendo a todo tipo de estrategias para imponer su retórica del golpe de Estado, ya no sólo en la opinión pública, sino en los estrados judiciales, donde tiene todas las de ganar porque cuenta con jueces obedientes.

En ese marco, ha recurrido a la innoble herramienta de la presión para que los jefes castrenses que están acusados, junto con la expresidenta Jeanine Añez, de haber perpetrado un golpe de Estado inexistente, se declaren culpables en un juicio abreviado, a cambio de obtener una condena tan corta que les permita salir de la cárcel de inmediato, o lo más pronto posible.

En otras palabras, el Gobierno está recurriendo a la tortura psicológica en contra de las familias que ya, de por sí, deben estar viviendo en una oscura noche al tener al padre o esposo en la cárcel, sin ninguna posibilidad de obtener verdadera justicia y con la certeza de que el poder político los condenará a varios años de cárcel.

Los familiares de los excomandantes de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros, y de la Armada, Palmiro Gonzalo Jarjury, mediante una carta explicaron que, aún en contra de la voluntad de los acusados, decidieron aceptar el juicio abreviado porque consideran que están ante “una lucha desigual”, sin posibilidades de obtener justicia en Bolivia. Dicen, sin embargo, que un juicio no cambiará la verdad de los sucesos de 2019.

Los otros jefes militares presos decidieron no aceptar la oferta de juicio abreviado y, por el contrario, denunciaron la afrenta de los funcionarios del Ministerio de Justicia mediante sus abogados.

De hecho, el primero en dar la noticia del juicio abreviado fue el ministro de Justicia, Iván Lima, quien ha perdido completamente las formas y actúa como si fuera el fiscal del proceso adelantando decisiones y hasta sentencias. Ya dijo que Añez podría ser condenada a 12 años de prisión.

Según Lima, con el juicio abreviado “se habrá confirmado que hubo un golpe de Estado en 2019”. Justamente ahí apunta el MAS, a consolidar su tesis del golpe, pese a las evidencias de que Evo Morales y toda la cadena de mando renunciaron dejando un vacío de poder que se prolongó por dos días, hasta que Jeanine Añez, en su condición de máxima autoridad del Senado en ese momento, asumió el mando.

Al Gobierno debería darle un poco de pudor esta intromisión abierta en las decisiones de otro poder del estado, justo cuando está de visita en Bolivia el relator especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados.