Desgraciadamente, como ahora mismo se puede ver en Venezuela y Nicaragua, nunca dejan de estar presentes las fuerzas que se inclinan por los medios  autoritarios de ejercicio del poder y ven en las formas e instituciones democráticas un obstáculo incómodo al que quisieran retirar de su camino.

Hay que recordar, por ejemplo, que el golpe de Estado de julio de 1980, como los muchos que se produjeron a lo largo de nuestra convulsionada historia, tuvo como principal causa la disputa por el control del aparato gubernamental. Es que son tantos los privilegios que el ejercicio del poder trae consigo que resulta prácticamente inevitable que quienes gozan de ellos durante mucho tiempo se hagan adictos a su disfrute y se nieguen a perderlos, o aunque sea a compartirlos, cuando las circunstancias así lo exigen.

Por eso, y previendo tal posibilidad, la experiencia histórica ha enseñado que contra la tentación del ejercicio monopólico del poder no hay mejor antídoto que la consolidación de las instituciones republicanas concebidas precisamente para poner límites tanto a las atribuciones como a la duración de los períodos durante los que un mismo individuo, o grupos de individuos, pueden hacer uso del poder. De otro modo, el uso del poder degenera en su abuso y de ahí a situaciones extremas, como las que jalonaron nuestra historia hasta 1980, no hay mucha distancia.

Es necesario, por eso, que fechas como la que hoy se conmemora sirvan para reafirmar el compromiso con los principios y valores sobre los que se sostiene la democracia. La permanente defensa de las libertades ciudadanas, de los derechos humanos, la vigilancia sobre los actos de los gobernantes y la severidad para evitar que caigan en la tentación de cruzar los límites que les impone el Estado de Derecho son algunos de las condiciones indispensables para estar seguros de que nunca más nuestro país sea escenario de hechos como los que se produjeron hace 38 años.