Evo Morales incumplió el mandato del referéndum de 2016 que le dijo No a la repostulación? Sí. ¿Evo Morales hizo trampa después al acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y hacer valer su “derecho humano” a la repostulación? Sí. En consecuencia, ¿Evo Morales debió participar de las elecciones de 2019? No. ¿Evo Morales debió terminar su mandato el 22 de enero de 2020? Sí. ¿Qué pasó entonces?

Más allá de los cuestionamientos a la repostulación de Morales, no hubo tribunal ni político alguno que impidieran su propósito: participó de las elecciones primarias, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo registró como candidato y sus contendores permitieron su candidatura poniéndose en competencia electoral en las mismas condiciones que él.

¡El mismo Luis Almagro, que se alegró por los resultados del referéndum y protestó por el fallo del TCP, reculó y de visita al entonces presidente en La Paz y Chimoré en 2019 dijo que “sería absolutamente discriminatorio” que Morales no participe de las elecciones!

Hasta ahí, es la historia. En adelante, todo está en entredicho, especialmente las conclusiones de la misión de observadores de la OEA, que consideró que en los comicios hubo serias irregularidades y Almagro dijo que “la primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente”.

Fue suficiente argumento para instalar la tesis del fraude “monumental”, como repetiría Carlos Mesa, aunque hasta la fecha no se sabe quién instruyó ese hecho, cuánto fue el porcentaje de votación en cuestión y cuánto afectó a los resultados en general. Básico.

Sin embargo, todo comenzó con las dudas que la OEA impuso al denunciar la misma noche de los comicios el parón del TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), que si bien era una herramienta de información rápida (no hubo mayor conflicto cuando en la víspera de las elecciones de 2020 fue suspendido el mismo sistema), no era vinculante al cómputo oficial y fue argumento usado para desahuciar la votación y los resultados, y descalificar al proceso electoral.

Fue el mejor argumento para comenzar a romper con la institucionalidad del Estado y generar luto. Y Estados Unidos tuvo mucho que ver, a juzgar por la actuación de su subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental, Kevin O’Reilly, que en una cena, el 25 de julio de 2019, con delegados de la OEA, UE, Brasil, Perú y Argentina en La Paz afirmó que era “clave” que esos países “levantaran la voz” sobre la transparencia de las elecciones, de las que supuso “un escenario de fraude”.

Sobre la otra tesis, el golpe de Estado, hay sucesos más concretos. Y Almagro lo devela: en un libro, Almagro no pide perdón, el secretario general de la OEA admite que “había que estar (en las elecciones del 20 de octubre de 2019), y la manera de estar era asumir determinadas responsabilidades y retos políticos”.

Y el destino de Morales estaba consumado. Ni una hora después de su renuncia, el 10 de noviembre de 2019, tenía su sucesora: la senadora de minorías Jeanine Áñez, que había sido propuesta en una reunión extralegislativa de la Universidad Católica (UCB).

Las movilizaciones (21 días) tenían el fin de echar a Morales del poder, pero no postular la sucesión de Áñez. Pero ésta se prestó a lo que ahora seguramente se lamenta: aceptó la sugerencia de la UCB sin tener posibilidades reales ni legales ni capacidad, los militares se plantaron ante ella al mediodía del 11 de noviembre, se le dispuso la cápsula presidencial sin ser presidenta, anunció la lectura de las renuncias de Morales y Álvaro García y no lo hizo, quiso instalar sesiones en la Cámara de Senadores y no lo logró, menos para la recomposición de la directiva, sin quorum ni el MAS asumió ipso facto la titularidad de ese órgano, y luego se proclamó presidenta del Estado bajo el argumento del comunicado del TCP que solo contemplaba la sucesión ipso facto para casos de vicepresidentes del Estado. Y un jefe militar le impuso la banda presidencial y la medalla de Simón Bolívar fuera de la Asamblea Legislativa, en un ambiente del Palacio Quemado con solo los suyos y de fotógrafo su colega senador Óscar Ortiz.

Entonces, ¿fue una sucesión constitucional e impecable, como defiende Mesa? No. Impecable habría sido como cuando Mesa sucedió a Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003, cuando el Congreso Nacional leyó la carta de renuncia y proclamó al sucesor.

Que no se engañe a la historia, que no se naturalice la inconstitucionalidad, que se juzgue a quienes dañaron la democracia.

Rubén Atahuichi es periodista.