Es, como lo expresa un reportaje publicado por Los Tiempos, un secreto a voces: en la justicia boliviana, que confronta acaso la peor crisis institucional de su historia, operan consorcios que extorsionan y venden las sentencias y todo lo que se pueda convertir en dinero en un proceso en las áreas penal, civil y laboral, entre otras. 

Un consorcio, en términos legales, es la sociedad espuria que se establece principalmente entre jueces, fiscales, abogados y policías, entre otros funcionarios de menor rango, para transformar la justicia en dinero, pero bajo la mesa, porque organizar estas agrupaciones es una conducta delictiva, tipificada en el Código Penal. En efecto, el artículo 174 expresa que aquel juez, fiscal o abogado que incurriera en la acción de conformar estas oscuras sociedades, con el fin expreso de “procurarse ventajas económicas ilícitas en detrimento de la sana administración de justicia”, será sancionado con una privación de libertad de cinco a 10 años. Es lo que establece la ley penal, pero quienes administran justicia se han dado modos para conformar monstruosas estructuras de extorsión y de corrupción.

Estamos habituados a informar y debatir, en la agenda pública, sobre aquellos procesos en los cuales están implicados personajes del ámbito político, como por ejemplo el juicio ordinario que contra lo prescrito en la Constitución Política del Estado y la ley se le sigue a la expresidenta Jeanine Áñez, pero no solemos reparar en la administración cotidiana de justicia, que lamentablemente está caracterizada por las operaciones ilegales de estos consorcios y que afectan al ciudadano común. Caer en la justicia, en el actual estado de degeneración en que se encuentra, equivale a ser víctima de extorsión y chantaje. 

Según lo descrito por quienes han tenido la desdicha de caer en las manos de un consorcio, nada está librado al azar: el juez envía a una persona con detención preventiva a la cárcel, así sea inocente o culpable; el abogado vinculado a la autoridad jurisdiccional toma contacto con la familia del detenido y promete liberarlo, pero a cambio de dinero; una vez negociado el monto de la extorsión con los desesperados familiares, el juez, el fiscal y el abogado “fabrican” los documentos para sacar de la cárcel al “cliente”, de tal modo que el último paso consiste en el reparto del botín. La mayor tajada, por supuesto, corresponde al juez. Así es como han obtenido su libertad asesinos seriales y feminicidas como Richard Choque, después de pagar 3.500 dólares y una botella de whisky, y otros delincuentes sentenciados a 30 años sin derecho a indulto y con sentencia ejecutoriada. Se trata, en realidad, de una floreciente “industria” que convierte en millonarios a jueces, fiscales, abogados y policías. 

A la hora de hablar de una reforma judicial, se debe garantizar que quienes sean elevados a la dignidad de jueces o de fiscales sean los más idóneos, por sus méritos, y no los que cuentan con aval del MAS, como sucede ahora. Sin esta reforma, no es posible hablar de un cambio profundo en la justicia.