Desde el inicio de las operaciones del sistema judicial boliviano, este ha tenido graves deficiencias estructurales para su funcionamiento. No obstante, esta crisis se fue agudizando en los últimos años. En efecto, su funcionamiento e institucionalización han sufrido un preocupante deterioro desde la asunción del expresidente Evo Morales al poder en 2006. 

Desde ese año, el Órgano Ejecutivo inició una serie de amenazas y ataques que generaron la renuncia de todos los miembros del entonces Tribunal Constitucional, lo cual derivó en un vacío de poder que dejó inactivo a dicho tribunal por varios meses. Una situación similar sucedió contra la entonces Corte Suprema de Justicia. Esto fue aprovechado para promulgar el Decreto Supremo N.º 289931 con el objeto de cooptar dicho tribunal por magistrados adeptos al Ejecutivo.

La Constitución vigente prevé que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional sean elegidos mediante “elecciones judiciales”. De hecho, estas inauditas elecciones se llevaron adelante en 2011 y 2017, y quedaron en evidencia tres elementos viciados:

1) Carencia de una adecuada evaluación de méritos académicos y profesionales. De hecho, la Misión de Observación Electoral de la OEA observó un desarrollo desigual en los grupos de trabajo.

2) Alto contenido político-partidario. La mayor prueba de sometimiento del Ejecutivo sobre el Tribunal Constitucional Plurinacional se constató mediante la sentencia 0084/2017 que señalaba que la reelección presidencial indefinida era “un derecho humano”, ello vulnerando la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y también desconociendo la voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016.

3) Restricciones a la libertad de expresión de los candidatos y limitaciones al derecho a la información de los electores. Tanto la Ley del Régimen Electoral como el Reglamento para las “elecciones judiciales” son de carácter limitativo en cuanto al debate y al conocimiento del perfil de los candidatos.

Tanto en las “elecciones judiciales” de 2011 y 2017, los votos nulos y blancos sumaron alrededor del 60%. Estos resultados reflejan un evidente rechazo por parte de la ciudadanía a dicho sistema debido a su falta de transparencia y credibilidad, de ello se deriva la poca legitimidad de las autoridades “electas”.

Cada cierto tiempo, la comunidad internacional observaba esto y el Gobierno de Morales señalaba que corregiría mediante “cumbres” que siempre resultaron estériles. Por otro lado, el Gobierno actual también reconoce el fracaso de dichas elecciones, pero el sistema judicial está cada vez peor.

La Carta Democrática Interamericana establece los cinco elementos esenciales de la democracia, entre los cuales se encuentra la “separación e independencia de los poderes públicos”. El deteriorado sistema judicial boliviano y su evidente sometimiento al poder político permiten constatar la falta de observancia de los postulados de dicha Carta. Es que, pese a que existe la apariencia de cierta institucionalidad, el Gobierno utiliza al Órgano Judicial para ejercer acciones antidemocráticas: violaciones al debido proceso, negación de acceso a la justicia, abuso de poder y persecución judicial por motivaciones políticas.

Adicionalmente, no existe una ley de la carrera judicial que permita institucionalizar el trabajo de los operadores de justicia y que estos deban su cargo a sus méritos académicos, profesionales e integridad, y no así a favores políticos. Urge el desempeño de las autoridades judiciales, de tal modo que se tengan sentencias con mayor calidad y en plazos oportunos. Finalmente, el presupuesto destinado en el país es del 0,46%, muy por debajo del 3% del promedio de los países de la región.

La sociedad boliviana guarda la esperanza de que la llegada del relator de Naciones Unidas para la independencia judicial, Diego García-Sayán, contribuya a salir de las penumbras en las que se encuentra el sistema judicial boliviano.