Una voluminosa comitiva del denominado “grupo de abogados independientes” inició la ronda de entrevistas de grupos y sociedad civil con el Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, quien les precisó que el informe final de su visita al país será presentado en junio de este año y no en 2023 como se había informado inicialmente.

“Algo importante que nos ha aclarado el Relator es que su informe no es para el próximo año, es para junio de este año y por eso hemos expresado nuestro optimismo de que una misión imparcial vaya a contribuir a los esfuerzos nacionales como el de los juristas independientes, para llevar adelante una reforma judicial estructural al más breve plazo posible”, detalló el exjefe de Movimiento Sin Miedo y abogado, Juan Del Granado.

Según la agenda oficial que llegó de Naciones Unidas, García- Sayán entregaría un informe preliminar al concluir su misión en Bolivia, el 22 de febrero, y luego trabajaría con su equipo para entregar un informe final con recomendaciones.

El grupo de abogados independientes inició la ronda de entrevistas con los grupos sociales y entidades de la sociedad civil que no forman parte del Estado. Del Granado dijo que entregaron al relator el legajo de documentos sobre la actual situación de la justicia en Bolivia.

La revisión se remontó hasta 2006, cuando empezó la gestión de Evo Morales, continuó con el gobierno de Jeanine Áñez y concluye con lo que sucede en el actual Gobierno de Luis Arce.

Otro de los portavoces de este grupo académico fue el abogado constitucionalista, José Antonio Rivera, quien dijo que explicaron a García-Sayán que la alternativa es una reforma constitucional en base a un acuerdo nacional y que tenga a la elección de los administradores de justicia como el principal eje.

Explicó que, de llevarse adelante el proceso, en agosto del siguiente año se estaría realizando el referéndum para la reforma constitucional que permita un cambio integral de la justicia.