Existe una abundante literatura acerca de los costos que acarrea a las empresas la pérdida de reputación. La reputación, por su naturaleza misma, es subjetiva. Depende de lo que la gente piensa de la firma o servicio, pero la subjetividad no implica que no haya costos. En algunos casos se ha llegado a cuantificarlos y no son nada despreciables.

Los países también tratan de resguardar su reputación porque perderla puede causarles aislamiento y dificultades económicas. Nuestro gobierno hace mal en ignorar o subestimar los costos de reputación que le acarrean algunas de sus acciones. La más clara es la del juicio a la expresidenta Jeanine Añez. Que 21 expresidentes, muchos de gran prestigio y de peso en la región, aboguen por un tratamiento legal correcto a la expresidenta no debería ser ignorado. No les conviene, al gobierno ni al país, que los pongan en compañía de Maduro y los Ortega, que han marginado casi completamente a sus países de la comunidad internacional.

Para la opinión pública no queda en absoluto claro las razones del juicio a la expresidenta. El argumento de golpe de estado no es sostenible, ni resiste el más mínimo análisis. Ninguna entidad internacional de prestigio se ha pronunciado al respecto, tampoco los máximos tribunales nacionales. Extraño golpe de estado y gobierno de facto con un parlamento, dominado en dos tercios por el MAS, funcionando normalmente, y con elecciones impecables, que las gana ese partido. Paralelismos con el funcionamiento del Congreso después del golpe de Natusch Bush y con las elecciones de 1978, son espurios. El congreso funcionó con muchas trabas en los 16 días de Natusch Bush y Banzer tenía un delfín designado, Pereda Asbún, que le resultó respondón, pero ese es otro asunto.

Repetir que no se ha cumplido la Constitución al pie de la letra es de talmudistas y de farisaicos doctores de la ley. Más aún, algunas de las condiciones de la Constitución eran imposibles de cumplir, por el boicot instruido a los parlamentarios masistas por su alta dirección. La Constitución es un contrato social para facilitar la convivencia armoniosa, que tiene que ser viviente, no puede ser letra muerta. Es obrar de mala fe descontextualizarla. Se hila fino con la señora Añez, pero se ignora la obvia transgresión a la Constitución del entonces presidente Evo Morales, buscando la reelección.

Tenemos ejemplos de no aplicación literal de la Constitución, enteramente justificables. Tales fueron los casos de la elección del presidente Guevara en 1979 y la de permitir la participación del entonces vicepresidente Jaime Paz Zamora en las elecciones de 1985. En sus épocas hubo también talmudistas criticando la elección de Guevara y la habilitación de Paz Zamora, críticas que la historia las ha depositado en el tacho de basura.

Añez fue nombrada presidente en momentos de máxima tensión política y de vacío de poder. Se hizo cargo valientemente de una situación extremadamente difícil.  No hubo ilegalidad alguna. Si, a pesar de todo, se decidiera enjuiciarla, debe ser en Juicio de Responsabilidades. No puede ser juzgada en un juicio ordinario, por tribunales inferiores, lo que quedaría muy cerca de caer en lo que los americanos llaman peyorativamente cortes canguro (“kangaroo courts”). Cortes que deciden, sin mayores evidencias, y en el caso que nos ocupa, sin competencias para juzgar a una expresidenta. Aún a García Mesa se lo juzgó en Juicio de Responsabilidades. Vale la pena también volver a escuchar a Marcelo Quiroga Santa Cruz, en las grabaciones, cuando proponía un Juicio de Responsabilidades a Banzer.

La pérdida de reputación, por el apresamiento y juicio a la expresidenta, puede tener costos tangibles como, por ejemplo, dificultar el acceso a las fuentes internacionales de financiamiento y cohibir a la inversión extranjera. Le conviene al gobierno tener todos los ases para asegurar el éxito de sus gestiones internacionales. Un colega europeo me comentaba que en los países europeos comienza a preocupar la polarización política de Bolivia. Es necesario despejar esos temores; el tratamiento correcto a la señora Añez puede contribuir.

Juan Antonio Morales es  profesor emérito de la Universidad Católica Boliviana y expresidente del Banco Central de Bolivia.