La directora ejecutiva de la Autoridad Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, informó este lunes que esta entidad no otorgó ningún derecho para trabajar en áreas protegidas, tampoco permiso para explotar minerales. 

“A la fecha, hemos rechazado 97 solicitudes nuevas de trámite que pretendían trabajar en áreas protegidas debido a que el certificado de compatibilidad de usos estableció que es una zona incompatible con la actividad minera”, dijo en una rueda de prensa, según un boletín. 

Asimismo, mencionó que existen trámites en curso que están supeditados a la emisión de certificados de compatibilidad de usos, que es el instrumento que determinará si es procedente la actividad minera. 

Existe una denuncia formal ante el Ministerio Público sobre minería ilegal en el Parque Nacional Madidi con informes obtenidos en las inspecciones previas a los operativos que se tenían preparados. 

Sin embargo, esta fue suspendida por declaraciones de la oposición política, Comunidad Ciudadana, que entorpecieron los trabajos que la AJAM realizaría en el lugar y que la misma no presentó ninguna denuncia formal ante las instancias competentes, señaló. 

“No es un procedimiento improvisado, es un procedimiento que consta de varias etapas. Primeramente, se debe realizar una apreciación situacional del lugar de los hechos que va determinar varios aspectos que son de vital importancia”, dijo.

Añadió que los derechos que existen en la actualidad en el Madidi, son preconstituidos durante la vigencia de la Ley 1777 antes del año 2014 y no avalada por la nueva normativa vigente que es la Ley 335. 

Lafuente resaltó que la Cooperativa Minera Aurífera Azariama Colorado RL tiene un certificado de compatibilidad que carece de legalidad debido a que fue emitido durante el gobierno de facto; por lo tanto, fue suspendido mediante la Resolución Ministerial N° 096 por denuncia de minería ilegal.

Afirmó que se auditará este trámite en específico porque el certificado de compatibilidad de usos fue emitido durante el Gobierno de facto, régimen del cual sus acciones carecen de legalidad.