Tras su llegada ayer a Bolivia, el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, se encontró con que la expresidenta Jeanine Áñez y dos activistas opositores al Gobierno, que se declararon presos políticos, están en huelga de hambre. Además, arribó al país poco después del escándalo destapado por la liberación de violadores y asesinos condenados a 30 años de prisión y sin derecho a indulto por parte de jueces bolivianos.

Justamente hoy se cumple el séptimo día del ayuno voluntario en que se encuentra la exmandataria Jeanine Áñez, recluida hace 11 meses en la cárcel de Miraflores, acusada de incurrir en un supuesto golpe de Estado en noviembre de 2019, cuando asumió la Presidencia después de la renuncia de Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García Linera y los titulares del Senado y de Diputados. Áñez exige defenderse en libertad y a través de un juicio de responsabilidades.

Mediante su defensa jurídica, Áñez oficializó el pedido de audiencia con el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas.

El abogado Alaín de Canedo explicó que será el representante quien decida si visita o no a la exautoridad en la cárcel de Miraflores, donde cumple casi un año de detención preventiva “Se ha solicitado una reunión con el relator, tenemos entendido que esto ha sido acogido favorablemente.

Corresponde a Diego García-Sayán fijar un día, hora, la expresidenta ha pedido expresamente que se la visite en el centro penitenciario de Miraflores”, dijo De Canedo en conferencia de prensa.

A la huelga de hambre se sumó el integrante de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Mario Antonio Bascopé, quien guarda detención preventiva en la cárcel de San Roque, de Sucre, y asume que su encarcelamiento es una “venganza política” por liderar las protestas contra el fraude en las elecciones de 2019, que desembocaron en la renuncia y salida del país del expresidente boliviano Evo Morales.

El exdirigente cívico de Riberalta, Katriel Müller Justiniano también inició la medida extrema “hasta las últimas consecuencias” en la cárcel de esa ciudad beniana. Fue encarcelado en noviembre del año pasado tras la protesta por la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que finalmente fue retirada de la Asamblea Legislativa por el presidente Luis Arce Catacora.

Mientras tanto, en las últimas semanas se destapó el caso del feminicida, asesino y violador en serie Richard Choque. Este hombre había sido condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto por el rapto y asesinato en 2013 de una joven que tenía 20 años, Blanca Rubí Limachi.

A finales de 2019, el juez de Ejecución Penal Primero de La Paz, Rafael Alcón, le concedió a Choque detención domiciliaria porque presentó un certificado de que tenía diabetes, buena conducta, y porque no hubo objeción fiscal. Luego, el delincuente confesó que le hizo llegar al juez $us 3.000 y una botella de whisky.

El caso ha alcanzado relevancia internacional, porque la Policía descubrió que había matado y enterrado a otras dos jovencitas en su propia casa, y también a dos varones luego de que fuera liberado por el juez Alcón.

El diario español El País reportó que Choque confesó que mató a esas mujeres y violó a más de 70. “Su captura ha sacado a la luz, además, una red de corrupción que supuestamente afecta a jueces por dejar en libertad a asesinos”, señaló El País. 

En ese marco, el Consejo de la Magistratura detectó hasta ahora al menos cinco casos de personas sentenciadas que fueron liberadas por el exjuez Rafael Alcón, tres varones y dos mujeres y otras 16 que recibieron el mismo beneficio en otro juzgado de La Paz. Así está la justicia en Bolivia, y los hechos saltan ante los ojos del enviado de Naciones Unidas.

El experto de Human Rights Watch (HRW), César Muñoz, twiteó que “El relator de la ONU sobre independencia judicial realiza una visita a Bolivia. Va a encontrar, precisamente, que no existe independencia judicial. Le instamos a apoyar la labor de la sociedad civil boliviana en pro de una justicia sin injerencia política”.

El exmandatario y expresidente de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltzé señaló que, tras la visita, García-Sayán deberá “reportar a la delegada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Después, esta oficina, con sede en Ginebra, deberá hacer pública su preocupación ante el organismo pertinente, y si es posible hacer saber a la Asamblea General del principal órgano multilateral, las Naciones Unidas, que tiene una seria preocupación sobre el estado de la justicia en Bolivia, salvo que Diego García-Sayán encuentre otra realidad, pero no creo que sea el caso”.

Por su parte, el exministro de justicia durante la gestión de Jorge Quiroga y miembro de la comisión de notables para la transformación de la justicia, Carlos Goitia, espera que “García-Sayán venga y nos reafirme que la justicia en el país no es independiente y nos dé una orientación sobre cómo es que en otros lugares o estados se ha podido evitar estos males, se los ha corregido y se fortalecieron democracias en base a esas medidas”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, admitió que es por esto que se plantea una reforma judicial. “Es el Estado que hemos heredado, viene desde que se creó el Órgano Judicial. La crítica que haga el relator, cuando termine su trabajo, será la base de la construcción de una estrategia que nos lleve a la solución del problema”, aseveró.

Denunció, en entrevista con el programa Influyentes de EL DEBER Radio, que es verdad que el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) concluyó en su informe que en el país la política comete injerencia sobre la justicia, pero que se refirió precisamente al gobierno de Jeanine Áñez. Sin embargo, el GIEI expresó en su informe que la injerencia política en la justicia es un mal que viene de mucho más atrás y fue un problema del gobierno de Morales. 

La agenda se inicia hoy por la mañana. El vicepresidente David Choquehuanca, el canciller Rogelio Mayta y el ministro Lima le darán la bienvenida. Visitará a los presidentes de ambas cámaras y las comisiones de Justicia Plural del Senado y de la Cámara de Diputados para recoger impresiones de los representantes de las fuerzas políticas del país.

El miércoles viajará a Sucre donde se reunirá con los altos magistrados del Órgano Judicial y la Fiscalía General del Estado. El viernes 18 de febrero, sostendrá reuniones virtuales con vocales y autoridades judiciales de Santa Cruz, Oruro y Chuquisaca, no se descarta que lo haga con otras regiones.

Lima señaló que se reunirá con tres gobernadores, incluido el de Santa Cruz por vía virtual. Tendrá 40 reuniones con representantes de la sociedad civil. El 22 de febrero se reunirá con el presidente y ofrecerá una conferencia de prensa final.