El relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, inicia hoy una visita oficial a Bolivia que se extenderá hasta el día 22, para cumplir una recargada agenda de reuniones que le permitan evaluar si hay independencia de las instituciones de la justicia boliviana.

En sus propias palabras, García-Sayán abordará “cuestiones relacionadas con la estructura, organización y funcionamiento independiente e imparcial del poder judicial, los fiscales y el ejercicio de la profesión jurídica”.

Si de eso se trata, probablemente el reconocido jurista internacional no tendrá que esforzarse demasiado en grandes reuniones ni análisis, porque quienes vivimos en este país sabemos, y lo venimos diciendo reiteradamente, que junto a la corrupción uno de los mayores problemas de las magistrados, jueces y fiscales bolivianos es que hace bastante tiempo perdieron las dos condiciones que dan sentido a su existencia: imparcialidad e independencia en sus actuaciones y sentencias.

Si el nombre oficial de su cargo es “relator para la Independencia de Jueces y Abogados”, García-Sayán -de nacionalidad peruana, ex ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- ha llegado a la tierra donde su función tiene una relevancia fundamental: Bolivia es el reino de las injusticias, del sometimiento de los órganos de la justicia al poder político con la complicidad de los propios jueces y fiscales que parecen encontrar en las alianzas con los gobiernos su posición más beneficiosa.

El jurista sostendrá encuentros con autoridades de Gobierno, legisladores, jueces, fiscales, abogados, algunos representantes de la sociedad civil, académicos y representantes de organismos internacionales y la comunidad diplomática acreditada en Bolivia.

El ámbito de sus acciones se inscribe en la autoridad que le confiere el sistema de Naciones Unidas, lo que sin embargo tiene el delicado inconveniente de que su relación formal con el país se desarrolla a través de los gobiernos. Esto quiere decir que, si bien se trata de una actuación independiente y externa, al final uno de los informes que eleva la misión de García-Sayán se entrega nada menos que al presidente del Estado, en este caso Luis Arce, que es precisamente la autoridad que está en el centro de la crítica por la manipulación de la justicia a través de operadores como el ministro de Justicia, el procurador general del Estado y el Fiscal General.

Por esa razón es de vital importancia que el relator de Naciones Unidas oiga a las voces no oficiales de Bolivia, aquellos que con casos específicos y pruebas sustenten sus cuestionamientos a la actual justicia boliviana y sus actores.
Ya se ha escuchado, para no perder la costumbre, al jefe del MAS Evo Morales dar la bienvenida a García-Sayán y recomendarle que se reúna con las víctimas de las “masacres, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones y torturas del gobierno de facto”, marcando, como él sabe hacerlo, la línea del discurso oficial de estas jornadas respecto a la visita del relator.

Si en un año de Gobierno de transición se produjeron abusos, habrá que calcular cuántas violaciones y vulneraciones a los derechos de las personas han ocurrido también en los 14 años de la gestión de Morales y en poco más de un año de gestión de Luis Arce.

Para muestra, el caso de la expresidenta Jeanine Áñez, encarcelada desde hace casi un año. Su caso es el emblema más visible de cómo funciona la justicia en Bolivia, que hace y deshace siguiendo el libreto de quienes detentan el poder político. Ojalá el respetado jurista peruano acceda a entrevistarse con ella para conocer de fuente directa cómo funciona el sistema de la justicia política en Bolivia.