La visita del relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, está precedida de una gran expectativa, sobre todo en un país como Bolivia, que confronta la peor crisis judicial de su historia.

En la trayectoria profesional y pública del peruano García-Sayán, se destacan sus funciones como ministro, canciller y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; desde 2016, es relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados; su agenda contempla, entre hoy y el 22, entrevistas con funcionarios del Gobierno y autoridades legislativas, así como con jueces, fiscales y abogados, además de diplomáticos. El Relator se ha planteado como metas formular un diagnóstico de la justicia y así contribuir “a los esfuerzos de reforma en curso en el país”. 

Lamentablemente, García-Sayán llega a un país donde prácticamente la crisis judicial es tan profunda que ha puesto en riesgo la pervivencia del Estado de derecho y la democracia. Y esto es, fundamentalmente, responsabilidad del MAS. Como lo han confirmado expertos internacionales, por ejemplo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, entre otros, la justicia en Bolivia no es independiente; es decir, la justicia no se ejerce bajo el principio de la separación de poderes de igual jerarquía, para evitar la concentración del poder, y, por el contrario, se caracteriza por su servilismo y obsecuencia al Ejecutivo. 

Hoy, la justicia es una guarida de consorcios delictivos que extorsionan a la ciudadanía; sus jueces condenan a inocentes o los mantienen con detención preventiva sin considerar que lesionan sus derechos y garantías constitucionales; liberan a asesinos y otros delincuentes con sentencias ejecutoriadas para que nuevamente cometan delitos atroces… Se necesitaría un libro con varios tomos para enumerar las violaciones a la ley que cometen los administradores de justicia, en complicidad con un Ministerio Público que no se queda atrás en cuanto a transgresiones constitucionales y legales. 

Lo peor de todo es que, en su afán por complacer al poder, la justicia se ha convertido en un tosco aparato de persecución contra los políticos opositores o contra los que piensan diferente. Ahí está el caso de la expresidenta Jeanine Áñez, hoy sometida a un proceso ordinario en vez de un juicio de responsabilidades, como establecen la Constitución y las leyes. En Bolivia, la justicia no trae paz social, sino dolor y penurias a quien tiene la mala suerte de cruzarse en su camino.

Difícil la tarea de García-Sayán, porque si es objetivo y ecuánime tendrá que concluir que la justicia boliviana está en una crisis casi terminal, debido, principalmente, a las manipulaciones del partido en función de gobierno que lo ha invitado. Si, por el contrario, es complaciente, su visita habrá sido inútil.