“Nadie cree en la justicia”. La afirmación sale de las calles y es el reflejo de una crisis estructural que ahora conmociona a la sociedad.

Para reformar este sistema, juristas especializados en derecho constitucional y políticos con representación legislativa plantean cambiar nueve artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) vinculados con la elección de magistrados que cada seis años se debe realizar por voto popular. El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, reveló que existen acercamientos con éstos y otros sectores de la sociedad civil, además de la oposición, con miras a desarrollar “un gran acuerdo nacional” que garantice una reforma estructural.

“Hemos estado realizando reuniones preliminares y esperamos que en las próximas semanas tengamos reuniones más oficiales. En general, están las propuestas de reformar la Constitución en cuanto al elemento de la elección de jueces por voto popular y están los demás temas que hemos propuesto como ejes de reforma que son similares”, informó Lima en un contacto con EL DEBER.

La Constitución ordena, en el desarrollo su Título III, la elección por voto popular de 26 altas autoridades del Órgano Judicial, siendo ellos los altos magistrados del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Agroambiental, además de los miembros del Consejo de la Judicatura, la entidad que está a cargo de la designación de jueces, así como la evaluación de estas autoridades en todo el país.

La selección de los candidatos que vayan a someterse a esos comicios nacionales se debe realizar con el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes en la Asamblea Legislativa. El MAS controla este poder del Estado y tuvo dos tercios durante el periodo constitucional 2015-2020. En este periodo legislativo no tiene ese nivel de respaldo político.

“Para cambiar la Constitución Política y para elegir magistrados se requieren dos tercios de los votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Son temas que no pueden darse sino tenemos un gran acuerdo nacional”, remarcó el ministro de Justicia.

Insistió en que de todas formas, incluso sin una reforma constitucional, debe darse un ajuste en la elección de magistrados. “Definitivamente, la elección de jueces como la hemos vivido en 2011 y en 2017 no debe repetirse. Tenemos que ajustar la ley y el reglamento. Muchos de los temas que están proponiendo los actores de la sociedad civil boliviana, podemos incorporarlos en una ley y no necesariamente en una reforma constitucional”, apuntó

Lima aclaró que el cambio a la Constitución puede darse después de la próxima elección de las altas autoridades judiciales que está prevista para 2023. “Tenemos 180 días hasta el inicio de esa convocatoria y es poco probable que los plazos alcancen”, afirmó.

Adelantó que durante la última semana de marzo se desarrollará un encuentro nacional con la participación de juristas, políticos y representantes de la sociedad civil, sobre la base de una propuesta “que aún está en fase de revisión”. Aclaró que “no se trata de una cumbre”, como se anunció en un primer momento. Eso sí, anunció que propondrá una salida alternativa para elegir a los magistrados sobre la base de méritos. “Lo que se está proponiendo es un voto ratificatorio, para que el país únicamente elija entre la opción: Sí, ‘estoy de acuerdo con el trabajo de la Asamblea’ o No, ‘no estoy de acuerdo’. Eso nos va a permitir un escenario diferente para la próxima elección judicial”.

La elección de magistrados por voto popular fue criticada desde varios frentes. Para ser elegidas, las autoridades judiciales tuvieron el aval previo del Legislativo controlado por el MAS.

Por eso, la decisión del Tribunal Constitucional (2018) de reconocer el “derecho humano” de Evo Morales a postularse de manera indefinida a la Presidencia, por encima de los resultados del referéndum de 2016 y de los mismos límites constitucionales, fue duramente criticada desde la oposición política y sectores académicos. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró que el argumento invocado por Evo no es parte de los derechos reconocidos por la Convención Americana.

Pero el hecho que generó un impacto mayor en la población tuvo que ver con la “protección” que el expresidente de la Magistratura Gonzalo Alcón pudo dar a su hermano, el exjuez Rafael Alcón, que ahora está detenido por liberar al feminicida condenado Richard Choque y a otros criminales a cambio de dinero. El caso ahora está en investigación. Lima cree que existe una red criminal.

El exmagistrado Alcón fue comandante de la Armada en 2013, durante el segundo mandato de Morales. Luego, en 2017 llegó a la Magistratura tras el cuestionado procedimiento que está en el núcleo de la reforma de la justicia.

“Durante el debate que tuvimos en la Asamblea Constituyente, el objetivo era anular el cuoteo que hacían los partidos políticos cuando se designaban a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial. Con esta elección ciudadana creímos haber resuelto el problema, pero ahora, en vez de cuoteo, hay ‘cuateo’”, señaló Rebeca Delgado, quien fue constituyente por el MAS y luego presidenta de la Cámara de Diputados. Delgado ya no forma parte del oficialismo y ahora está dedicada a la actividad académica en Cochabamba.

El abogado y exalcalde de La Paz Juan del Granado afirmó que el sistema judicial “generó persecución judicial implacable contra exfuncionarios y opositores, mientras que algunos jueces liberan a violadores y feminicidas”.

Del Granado forma parte del grupo de diez juristas independientes que propone una reforma parcial de la Constitución, vía referéndum, para modificar la forma de elección de magistrados.

“Estamos frente al agravamiento de una crisis judicial y tenemos que parar esta situación. En mi criterio, vayamos a la reforma de la justicia, cambiando la forma de selección de los magistrados supremos porque ahí radica (el problema), en la cúpula judicial, el cáncer de la corrupción y ese cáncer ha hecho metástasis en el conjunto del cuerpo judicial del país”, afirmó a EL DEBER.

Del Granado afirmó que a través de la “iniciativa ciudadana”, un mecanismo legal de la democracia participativa, reunirá 1,5 millones de firmas de ciudadanos para iniciar la solicitud ante el Legislativo. Este Órgano del Estado debe aprobar una ley para llamar a referéndum, pero antes pasará por un control constitucional.

Por su lado, la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) planteó la modificación de los artículos 178, 182, 188, 187, 194, 197, 198, 227 y 228 de la Carta Magna

El abogado constitucionalista Carlos Alarcón, diputado elegido por CC, señaló que la propuesta debe ejecutarse inmediatamente y que los plazos pueden ajustarse a la próxima elección de magistrados de 2023 si a la par se procede con la conformación de una comisión independiente de la Asamblea donde participen universidades y representantes de la sociedad civil para elegir a los mejores profesionales como los próximos altos magistrados.

“Este es el mejor momento, porque políticamente el MAS va al suicidio si insiste con la actual forma de elección de magistrados. El nivel de tolerancia de la sociedad se va a acabar”, afirmó y anticipó que espera que se den las condiciones de un acuerdo para poder “salvar la justicia”.

De acuerdo con los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral, en los comicios de 2017 los votos nulos alcanzaron el 53,4%, una cifra que reflejó la opinión mayoritaria del electorado, pero que solo se empleó para fines estadísticos, según la Ley Electoral.

Alfonso Coca, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, informó que tuvieron los primeros contactos con el Gobierno. Destacó la importancia de las universidades en el proceso de selección, pues señaló que en las actuales circunstancias “los buenos profesionales prefieren no participar por las presiones”.

- Cambios

El artículo 178 de la CPE estable como garantías de la independencia judicial “la carrera judicial” y la “autonomía presupuestaria”. El ajuste propuesto apunta incorporar “la independía política” de los operadores.

- Otros ajustes

Académicos y políticos también prevén cambiar la designación de magistrados por méritos. Se incorpora en esta categoría al Fiscal General del Estado y para esto se requieren ajustes en los artículos 227 y 228 de la Constitución Política.