Rebeca Delgado, quien fue constituyente y presidenta de la Cámara de Diputados, planteó la necesidad de recuperar los mecanismos de participación ciudadana para eliminar el “cuateo político” de la preselección de magistrados del Órgano Judicial.

La abogada fue parte de la redacción de la Constitución y de los artículos que están relacionados con la elección, por voto popular, de los altos magistrados de la Justicia. Un aspecto que, en criterio de expertos y políticos, ha sido determinante para la actual crisis de este sistema.  

Recordó que fue presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente y que, desde esa instancia, se hizo un diagnóstico que identificó que la ausencia de independencia judicial como uno de los problemas más álgidos a ser resueltos.

“Se cuestionaba el cuoteo político y desde el Pacto de Unidad se planteó que sea por voto con una preselección en la Asamblea Legislativa y que sea el pueblo el que vote”, afirmó al destacar la iniciativa que, con el pasar de los años, “se desnaturalizó”.

“Ahora, resulta que en la preselección ya no existe el cuoteo entre los partidos, sino un cuateo, es decir entre los cuates y amigos del MAS, de los azules, se preseleccionan a magistrados”, remarcó la exautoridad en un contacto con EL DEBER.

Delgado fue parte del MAS, pero hoy está alejada de ese partido. Actualmente, se dedica a la actividad académica desde donde se mantiene atenta a las propuestas orientadas a la reforma de la justicia que está sumida en una aguda crisis.

Entidades como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha cuestionado la falta de independencia judicial, la falta de probidad en las investigaciones a cargo de la Fiscalía y la ausencia de una carrera judicial.

La Human Right Watch (HRW), en su informe mundial de 2021, ha lamentado la crítica situación de mujeres y niños, además de pueblos indígenas frente a un sistema judicial que no ha sido capaz de dar respuestas en favor de los intereses de la sociedad.

El mismo presidente Luis Arce, durante la inauguración de año judicial, declaró el mes pesado que el sistema judicial boliviano es “indolente y obsoleto”.

Transcurrieron 20 días de ese balance y estalló el escándalo provocado por la liberación del feminicida Richard Choque a instancias de una red corrupta que operada desde el Juzgado de Ejecución Penal que estuvo a cargo del juez Rafael Alcón, hoy detenido en el penal de San Pedro.

Delgado consideró que la reforma debe pasar por la incorporación de la sociedad civil en el proceso, especialmente con organizaciones involucradas como el caso de las mujeres, el sector de la sociedad más afectado por la violencia y la ausencia de una política pública en su favor.

“Se debe ejercer la democracia directa a través de una modificación transparente para que en el proceso de preselección intervenga la ciudadanía”, afirmó y consideró que el ajuste de los artículos de la Constitución para modificar la elección de magistrados puede tropezar con “intereses políticos”.

“La preselección debe ser ciudadana. Plantearía un reglamento con participación ciudadana. Los representantes del pueblo, los legisladores, se han convertido en operadores políticos de cada partido, independientemente de la mayoría o minoría. No nos representan”, afirmó.

Para la exdiputada, la crisis del sistema judicial es tan grave que “terminará afectando a todo el sistema político del país” y por eso demandó “voluntad política” para este crucial proceso. “Si hay un acuerdo político que sea para que no participen los partidos”, afirmó.

El Gobierno prepara para finales de marzo un encuentro para promover la reforma judicial a partir de la modificación de varias leyes y el ajuste del reglamento para elegir magistrados, mientras que políticos y expertos plantean un ajuste a la Constitución.