Desde amenazas y hasta agresiones físicas enfrentan las concejalas que son presionadas para renunciar y de este modo impedir la fiscalización de los alcaldes de sus municipios. Según las denuncias, el alcalde de San Pedro de Curahura, Roberto Aleluya (MAS), y su par de Chuquisaca Somos Todos (CST) del municipio de Tarabuco, Francisco Sesgo, son acusados de incurrir en acoso y violencia política contra mujeres.

La primera denuncia fue interpuesta por la presidenta del Concejo Municipal de San Pedro de Curahuara, Lourdes Vásquez. Afirmó que sufre presiones y acoso político por parte del alcalde Roberto Aleluya, del MAS. Relató que en junio de este año fue golpeada por una excandidata, enviada supuestamente por el burgomaestre.
“Desde mi posesión he sufrido acoso y violencia política de parte del alcalde y de mi suplente Gerardo Barco Copaja. Desde ese momento, he sido golpeada. Había sido delito para el alcalde fiscalizar su gestión, diciendo que es contra del pueblo. A toda costa exige al pueblo que yo dé un paso atrás”, contó la afectada.

El caso se encuentra en el Ministerio Público bajo el delito de violencia y acoso político contra las mujeres por impedir o estorbar en las funciones, de acuerdo a la Ley 243. Las partes ya fueron notificadas y las investigaciones cursan en la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia en Razón de Género de El Alto.

La concejala refiere que a la fecha continúa sufriendo persecución y teme por su vida. “Tengo miedo de andar en las calles. En junio, María Johnson me agarró dentro del taxi y no pude defenderme y me ahorcó. Sigo amenazada y perseguida por sus familiares de sus comunidades”. 

Asimismo, EL DEBER se contactó con el alcalde Roberto Aleluya, quien negó todas las acusaciones vertidas en su contra y aseveró que es la comunidad que está cuestionando el trabajo del Concejo Municipal de San Pedro de Curahuara.

“Los cuatro concejales que están unidos, lo único que buscan es sacarme de la Alcaldía. Las denuncias son falsas y son una mentira orquestada por un exalcalde y exconcejales de la gestión pasada.

 Quieren tapar la corrupción de Fernando Vilca porque yo estoy haciendo una auditoría”, afirmó.
Sobre el proceso, Aleluya dijo que primero recibió una denuncia por violencia familiar tomando en cuenta que él no tiene ningún grado de parentesco con la concejala. Luego recibió este año la denuncia por acoso político.

Supuesta corrupción
El concejal de la agrupación Jallalla, también del municipio San Pedro de Curahuara, Freddy Gregorio, que acompaña a la denunciante en el proceso informó que desde el Concejo solicitaron un informe escrito para verificar la compra de luminarias y materiales para las unidades educativas, hecha por Aleluya. También lo acusan de nepotismo.

“Las notas fueron enviadas con diferentes temas, de proyectos, de programas y cómo están los recursos del municipio. Pero, lamentablemente en toda la gestión 2021 no se dio una respuesta conforme a la solicitud del órgano legislativo”, afirmó Gregorio.
Al respecto, el alcalde denunciado dijo que lo cuestionan por impulsar una auditoría a su antecesor. Asimismo, detalló que las luminarias costaron cerca de Bs 48.000 y que fueron compradas bajo el principio de transparencia.

El alcalde se comprometió con El DEBER a demostrar con documentación que no existen irregularidades en su gestión y aclaró que no tiene familiares trabajando en su Alcaldía, como lo acusan.

Acciones del TED La Paz
El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz tomó la declaración de la concejala Vásquez, a través de la Secretaría de Cámara como dicta la norma y en una sesión de la sala plena determinó constituirse como denunciantes ante la Fiscalía. 

“Los cinco vocales tomamos la decisión, por el grado del delito y por los antecedentes que nos hizo conocer la concejala, de remitir al Ministerio Público y constituirnos como denunciantes en este caso”, explicó el presidente del TED de La Paz, Sabino Chávez.

Mientras, el comité departamental en contra del acoso político hará seguimiento del caso para evitar la retardación de justicia.

Caso en Chuquisaca
De los tres casos denunciados este año en Chuquisaca, la coordinadora de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Chuquisaca (Adecoch), Mabel Abastoflor, detalló que uno de los acusados es alcalde, el cual estaría respetando el nivel jerárquico de las concejalas de su municipio y las discrimina.

“El alcalde las trata no de acuerdo a sus atribuciones de autoridades electas, sino que se considera de jerarquía superior y continuamente las discrimina, no deja que ellas ejerzan sus funciones acordes a sus atribuciones como manda la Constitución, la ley departamental y los reglamentos internos”, manifestó Abastoflor.

Tras las investigaciones, se constató que se trata del alcalde del municipio de Tarabuco, Francisco Sesgo, que pertenece a la agrupación Chuquisaca Somos Todos (CST).

EL DEBER intentó contactarse con la autoridad municipal, pero no recibió respuesta. Se conoce que el proceso se lleva a cabo por la vía administrativa para resolver el caso y que las concejalas puedan continuar trabajando sin sufrir acoso o cualquier tipo de discriminación.

La Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres establece cuatro vías para resolver los casos: administrativa, penal, constitucional y electoral.