Son sucesivas, permanentes, dolorosas y al parecer irreparables, las evidencias del fracaso de la opción adoptada por el MAS de elegir en las urnas las principales autoridades de la justicia. Desde que se inició este proceso sólo se ha ido agravando el sometimiento abierto de ésta a la prebenda y las presiones políticas, y desvirtuando todo posible espacio de equidad e igualdad ante la ley en su aplicación.

Los casos van en una suma imparable. Sólo por mencionar los que están más frescos en la memoria, Página Siete hizo un recuento de ejemplos en los que la justicia boliviana actuó con un inocultable doble estándar, siendo implacable -y hasta persecutoria- con quienes considera opositores al régimen, e indiferente y permisiva con los oficialistas.

Empezando por la escandalosa aprehensión del gobernador de La Paz, Santos Quispe, que fue encontrado rodeado de latas de cerveza y en estado de ebriedad en su despacho. Claramente ese hecho merece sanciones, pero nos lleva a pensar en las numerosas fiestas celebradas en oficinas públicas que han sido denunciadas sin que nadie haya sido llevado a la cárcel, ni siquiera censurado. Y si se trata de un delito de un gobernador, ¿qué ha pasado con el Gobernador de Potosí, que además de insultar periodistas no ha hecho descargo por el delito de corrupción en la compra irregular de 41 ambulancias por 20,5 millones de bolivianos? El contrato fue suscrito entre el gobernador Jhonny Mamani (MAS) y la empresa proveedora Estefals Logistics, el 26 de noviembre de 2021. La Gobernación potosina denunció a 17 subalternos y abrió proceso contra la empresa proveedora, pero no tomó ninguna acción contra Mamani.

El mismo día en que Iván Arias (Somos Pueblo) se estrenó como alcalde de la urbe paceña, el 4 de mayo de 2021, fue citado a una audiencia en el marco del caso de una presunta designación irregular en el cargo de director del Centro de Comunicaciones La Paz,  cuando cumplía funciones de ministro de Obras Públicas (diciembre de 2019 - noviembre de 2020). La Fiscalía imputó a Arias por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y otros. La oposición pide que de igual forma se procese al procurador Wilfredo Chávez, porque el 2 de febrero se conoció que Ibert René Renato Aguilar Mamani, sentenciado desde 2017 por ejercicio indebido de la profesión, trabaja como director general de asuntos administrativos en la Procuraduría General del Estado. No obstante, la Fiscalía no se pronunció al respecto.

Podemos seguir con el caso del exalcalde Revilla, quien desde el 29 de enero se ha declarado en la clandestinidad y perseguido político ante una orden de aprehensión en su contra del 24 de enero, el mismo día en que Jesús Vera, dirigente vecinal y excandidato del MAS, dijera que la Fiscalía debía emitir un mandamiento de aprehensión contra la exautoridad.

Vera, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz afín al MAS, es el principal acusado de la quema de 66 buses PumaKatari, ocurrida la noche del 10 de noviembre de 2019.  La denuncia se presentó el 15 de noviembre de 2019 por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, instigación pública a delinquir, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, y robo agravado. El dirigente vecinal está con detención domiciliaria, la cual el municipio denuncia que violó.

Podemos seguir, recordar uno y otro caso, pero es preocupante que se haya institucionalizado la parcialidad de la justicia de acuerdo con los fines políticos con tanta naturalidad. Obviamente, el objetivo de elegir a autoridades sin legitimidad ni probidad comprobada ha sido un buen negocio político -siempre lo fue-, pero las consecuencias no sólo atañen ahora a ese ámbito, sino a todos.

Esa misma justicia, sin principios y únicamente con intereses, es la que decide el destino de muchos. En estos días, para sumar una ignominia, de la expresidenta Jeanine Añez, a quien no se le ha respetado el mínimo de sus derechos.