"Se le ha concedido la cesación de la detención preventiva, bajo la modalidad de medidas cautelares, de detención domiciliaria, arraigo local, prohibición de comunicarse con otras personas allegadas, prohibido de concurrir a oficinas de la comuna de Oruro, y además presentar una fianza de carácter personal de cuatro personas fiables y solventes", detalló al culminar la audiencia a los periodistas.

Sin embargo, las partes demandantes como la Fiscalía y el Viceministerio de Transparencia apelaron la resolución, lo que significa que aún no está ejecutoriada y se debe esperar lo que decida en una próxima audiencia el tribunal de alzada y el lunes será remitida la resolución y se esperará lo que determine, si revoca o confirma, por lo pronto el imputado aún no goza de libertad, agregó.

Vásquez explicó que la defensa técnica del imputado presentó una sentencia constitucional que protege y ampara a los imputados de la tercera edad, manifestando que se debe aplicar medidas cautelares más racionales y menos gravosas, más si tiene delicada la salud.

La audiencia se inició a las 15:30 y se prolongó hasta las 20:30 aproximadamente, y el alcalde Bazán no quiso brindar declaraciones a la prensa tras la audiencia.

Por su parte, el representante del viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Vladimir Ochoa, lamentó que se haya tomado esta decisión porque se ha demostrado que existe el peligro de fuga y la existencia de 23 juicios en contra de Bazán y tampoco se demostró la vulnerabilidad de sus derechos como persona adulta mayor.

El caso mochilas se refiere a la compra irregular de 41.000 mochilas, dentro el programa "Mi carpeta" en la gestión 2016 y tres ítems de la adquisición de las mochilas que debían ser de origen nacional; pero el proveedor los importó desde China con una afectación económica al municipio de unos 2 millones de bolivianos.