El juicio en contra de Jeanine Áñez (se prevé que comience hoy) ha generado expectativa no solo en el país, sino también en el contexto internacional. En los últimos días, al menos una veintena de exmandatarios de Iberoamérica, a través de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) se pronunció a favor de la expresidenta interina que estuvo en el gobierno boliviano entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020.

Los expresidentes no solo le hicieron conocer su apoyo, sino que también pidieron verificar los “abusos de poder” que se habrían cometido durante el proceso de investigación, según Áñez.

Desde que se procedió con la aprehensión de la exmandataria, en marzo de 2021, el caso se ha mediatizado y desde esa fecha se hicieron conocer una infinidad de posturas, a favor y en contra de Áñez, a quien se acusa por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por los hechos ocurrido en noviembre de 2019, pocos días antes de la renuncia y salida de Evo Morales.

Áñez niega que ella haya cometido los delitos de los que se le acusa y afirma que llegó a la Presidencia respetando la sucesión presidencial, tras la renuncia del presidente, vicepresidente y los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados.

Y tras casi un año de permanecer con detención preventiva en la cárcel, se inicia un juicio oral en su contra que definirá, con todas las pruebas que se vayan a presentar, si Jeanine Áñez, la abogada de 54 años que estuvo a la cabeza del país durante un año, es culpable por los crímenes que se la acusa o es inocente.

En este caso en particular, como debería suceder en los otros que llegan a los estrados judiciales, el Órgano Judicial deberá obrar con la mayor independencia posible, sin dejarse influenciar por quienes exigen que la exmandataria sea sentenciada a la cárcel ni por aquellos que propugnan su inocencia.

La presión a través de los medios de comunicación y en manifestaciones públicas seguramente seguirá, y tal vez con más fuerza durante el juicio, pero eso no debe influir en la decisión que asuman quienes están a cargo de este caso, tanto fiscales como jueces.

Para los administradores de justicia será difícil abstraerse totalmente de la presión que realice la opinión pública, tanto de los defensores como de los detractores de Áñez, pero tienen que demostrar que su trabajo será imparcial y que obrarán tal como establecen las normas del país.

Durante el transcurso del juicio, lo más probable es que se presenten incidentes de toda clase, con el fin de retrasar el proceso, pero esos aspectos deberán ser valorados por los fiscales y jueces que tienen en sus manos uno de los procesos más complejos de los últimos años.