El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, no será suspendido del cargo ni renunciará a pesar de las “graves irregularidades” que una comisión especial de la Asamblea de ese departamento presentó este viernes. Eso sí, se remitió el caso a la Fiscalía para que investigue “el grado de responsabilidad” de esta autoridad en la compra de 41 ambulancias que nunca llegaron.

“Se remitirá el presente informe y los expedientes documentales a la Fiscalía Departamental, Contraloría General del Estado, Procuraduría Departamental y al Viceministerio de Transparencia para que determinen el grado de responsabilidad de la MAE (el gobernador)”, se lee en las recomendación del informe al que accedió EL DEBER.

La comisión no recomendó, en uso de sus atribuciones, que Mamani sea suspendido del cargo, tal como varios sectores vinculados al MAS, la fuerza política que tiene mayoría en ese departamento, lo habían propuesto. Incluso, los campesinos del Norte de Potosí anunciaron un bloqueo de caminos a partir de este lunes, exigiendo la renuncia del gobernador.

El presidente de ente legislativo, Marcial Ayali, reveló que “se han recibido desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, sugerencias para que el gobernador sea suspendido temporalmente”, pero luego pidió la opinión de los legisladores del departamento donde el MAS tiene mayoría.

Poco antes, la asambleísta Azucena Fuertes, del bloque minoritario de oposición, pidió que se considere la licencia de Mamani, pero los legisladores del MAS lo rechazaron.

Además, Ayali pidió “aclarar” en el informe que “no hubo daño económico” en este caso y ratificó el contenido del reporte que identificó responsabilidades en personal subalterno, pero especialmente en el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

Pero, la comisión de fiscalización que se conformó para investigar este caso descubrió que la Gobernación de Potosí llegó a emitir un cheque por Bs 20,5 millones el 31 de diciembre de 2021 en favor de Estefals Logistics, una compañía de reciente creación que se adjudicó la venta de 41 ambulancias que hasta la fecha no llegaron a Potosí.

La empresa, según un acta firmada por personal de la Gobernación, “entregó” los motorizados el 31 de diciembre de 2021. No obstante, los vehículos no llegaron. Ese día, se generó un orden de pago que luego fue revertida. La comisión informó que si se emitió un cheque que luego fue revertido.

El informe también corroboró que el contrato por las 41 ambulancias se firmó con la empresa que hizo la oferta más elevada. “Al haberse encontrado varias irregularidades e indicios de responsabilidad”, se recomienda iniciar acciones legales y se desvincule de la institución al menos a 12 funcionarios.

Estefals Logistics, la empresa con la que la Gobernación potosina cerró el trato, usó un Número de Identificación Tributaria (NIT) “prestado” y adquirió los motorizados de un “proveedor” de vehículos Toyota, ubicado en Dubái.

Los vehículos adquiridos cuentan con un motor de tecnología Euro-5 que no se emplea en el país y estaban con el rótulo de “reacondicionados”, de manera que su ingreso estaba previsto a través de la Zona Franca Industrial de Patacamaya, donde el impuesto es menor para el Estado. 

El precio por cada unidad fue de Bs 500.000 o $us 72.000.