Evo Morales tiene razón cuando afirma que durante más de dos décadas la DEA estadounidense lo siguió de cerca, pero nunca le encontró nada que pudiera ser prueba suficiente para incriminarlo por narcotráfico. Es más, se sabe que cuando era dirigente cocalero y realizaba viajes frecuentes a diferentes partes del mundo solo llevaba equipaje de mano, para evitar ser víctima de alguna “siembra” que finalmente lo pusiera contra las cuerdas.

De hecho, aunque quiso, Estados Unidos nunca pudo presentar ninguna prueba contra el dirigente cocalero. A principios del año 2002, después del desafuero de Evo Morales de la Cámara de Diputados, se esperaba información que pudiera robustecer los elementos para construir un caso judicial en su contra, pero nadie entregó nada y lo único que se robusteció fue el perfil del líder del MAS como una víctima de la persecución del “imperio” y sus “lacayos locales”.

Pero lo que Morales no reconoce es que desde hace más de tres décadas fue —y aún es— el principal ejecutivo de las seis federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba —incluso mientras ejerció la presidencia del Estado no quiso alejarse de la conducción de los sindicatos regionales—, una zona donde el cultivo de hoja de coca es ilegal y se destina en más del 90% a la fabricación de droga.

Si bien no puede establecerse la complicidad directa con el tráfico de drogas, al menos puede decirse que antes, durante y después de ser presidente Morales defendió la producción ilegal de la materia prima que es la base de un negocio que genera fortunas y que cada día destruye la vida de cientos de miles de personas en el mundo.

De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), actualmente existen más de 19 mil hectáreas de coca excedente, la mayoría de ellas en el Chapare (78%) y un porcentaje cada vez más preocupante (22%) en parques nacionales como el Tipnis y el Parque Carrasco.

En los primeros años de su gobierno, Morales perdió el respaldo de los indígenas de tierras bajas por defender la construcción de una carretera que iba a atravesar el corazón del Tipnis y que, como se advierte en las cifras del informe de la Unodc, serviría fundamentalmente para extender el área de cultivo de la hoja de coca hacia zonas donde la producción está prohibida por ley.

La batalla por el Tipnis dejó división y heridas que no cicatrizan en la relación del MAS con los indígenas del oriente y la certeza de que para el exmandatario y su partido la coca ilegal era más importante que la protección de la Pachamama.

La defensa de la coca fue también un factor interno, que se añadió a las determinaciones económicas externas, para agudizar la crisis de fines del siglo pasado. Los continuos bloqueos cocaleros en la carretera Cochabamba- Santa Cruz ocasionaron enormes pérdidas económicas, quiebra de empresas, despidos, cancelación de contratos para la exportación de frutas y otros productos, además de la erosión de vastas extensiones de tierra agotada por el devastador impacto de cosechas de coca acumuladas.

El Chapare, una región que pudo ser un punto clave de la geografía nacional para el desarrollo del turismo y la agricultura de exportación, se convirtió en territorio de nadie o, más bien, en una suerte de enclave del narcotráfico, al extremo que hoy se hace imposible, incluso para las fuerzas militares y policiales, ingresar en áreas que, según el testimonio de lugareños, están bajo el control del crimen.

Como en otros países de la región, en Bolivia el narcotráfico también contaminó y penetró en algunas instituciones, sobre todo la Policía, y en los últimos años exjefes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) fueron detenidos dentro y fuera de Bolivia por haber protegido a los delincuentes.

En febrero de 2011 cayó el general René Sanabria en un operativo organizado por la DEA en Panamá, acusado de brindar protección a traficantes para la exportación de 144 kilogramos de cocaína a Estados Unidos y, más recientemente, el Gobierno logró evitar la huida del coronel Maximiliano Dávila, quien según investigaciones de la DEA habría colaborado con una organización que refinaba en Bolivia cocaína producida en países vecinos para enviarla a otros destinos.

La detención de Sanabria en Estados Unidos, y en Bolivia tras ser liberado en 2021, generó sospechas, pero no consecuencias políticas, a diferencia de lo que ocurre con Dávila, sobre quien pende una solicitud de extradición y una recompensa de cinco millones de dólares a quien entregue información que sirva para sustentar el juicio que se le podría seguir en los juzgados del norte.

Dávila fue jefe de la Felcn en el gobierno de Evo Morales y, por lo que muestran varias fotografías, hombre cercano al exmandatario. Aunque nadie, menos la DEA, ha mencionado el nombre de Morales en la información que se conoce, éste se apresuró a decir que era víctima de espionaje y persecución, por lo que pidió la protección del gobierno boliviano, y denunció luego una “conspiración” de la agencia antidrogas estadounidense.

“Los que atentan contra nuestra seguridad y vida se olvidan que venimos de la resistencia del pueblo humilde y trabajador contra el sistema represor del neoliberalismo servil al imperialismo de EEUU. Prestarse a la conspiración de la DEA es traicionar la lucha del pueblo boliviano”, publicó en su cuenta de Twitter.

El nerviosismo de Morales contrasta con la serenidad del presidente Arce, quien evitó pronunciarse sobre el tema y gestionó más bien la rápida detención de un grupo de pisacocas tiktokers del Chapare, que difundieron en sus redes sociales imágenes del momento en que cometían el delito. Los “humildes” campesinos capturados eran, además, dueños de modernos vehículos deportivos y de varios todoterreno.

El tema ha servido para acentuar una diferencia entre el gobierno de Evo Morales y el de Luis Arce: mientras que para el primero la coca ilegal no deja de ser una marca de formación política y de gestión, para el segundo no tiene la misma relevancia e incluso puede convertirse en un elemento incómodo si las investigaciones sobre el caso Dávila avanzan en una dirección que comprometa no solo a policías, sino también a dirigentes sociales y políticos. Por primera vez, en más de 15 años, el gobierno del MAS podría dejar de ser rehén de los intereses cocaleros y de paso construir una relación menos compleja con Estados Unidos.

En todo caso, con un Evo Morales a la defensiva y que, por primera vez en años, parece haber perdido la brújula política, para el presidente Arce se abre un escenario diferente. Si en su discurso de enero se advertía que tomaba el mando desde la economía, luego de un primer año en el que desempeñó el papel más o menos forzado de “justiciero” contra los protagonistas del presunto “golpe”, puede ahora tener más peso e influencia política para liderar un MAS en el que Evo Morales ya no sea la figura protagónica.

Con su victoria electoral del 2020, Arce demostró que no se necesita ser indígena para mantener la conducción del “proceso de cambio” y que en el esquema de gobierno basta con la presencia fortalecida de un vicepresidente como David Choquehuanca para mantener la representación de los movimientos indígenas y campesinos de occidente.

La mala hora de Evo puede representar no solo una extraordinaria oportunidad para que Luis Arce asuma la conducción plena del Estado y corrija vicios del pasado, sino también para que el MAS asuma el desafío de transformarse en un partido menos aferrado a la herencia del caudillo y más abierto a la renovación democrática.

El autor es periodista y analista