El primer paso en el juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez ha resultado fallido, en medio de una audiencia virtual llena de interrupciones, ruidos por problemas técnicos de conexión y desorden. 

En principio, cabe señalar que este proceso ordinario está al margen de lo que prescriben la Constitución Política del Estado y la ley para los juicios de responsabilidades contra expresidentes y magistrados, por lo cual es una aberración jurídica. La exmandataria Áñez debería ser juzgada con respeto a sus derechos y garantías constitucionales, lo cual implica que el Legislativo tendría que haber autorizado el proceso por dos tercios de votos para que sea el Tribunal Supremo de Justicia el que, en uso de la sana crítica de sus miembros, determine la verdad histórica de los hechos en un juicio de responsabilidades. En este caso, no se han cumplido estos pasos que exigen el Estado de derecho y el principio de legalidad, debido a lo cual es la justicia ordinaria la que, sin competencia, procesa a la exmandataria.

Como para corroborar que una irregularidad convoca a otra, este juicio politizado ha sufrido un primer tropiezo, al verificarse actuaciones que lesionan las normas procesales del ámbito penal; descubiertos tales defectos, se ha anulado el auto de apertura del juicio, para evitar que esos vicios invaliden una futura sentencia que, según los familiares y la defensa de la parte acusada, ya está definida de antemano. Es una paradoja que los acusadores sean tan meticulosos en estos detalles y no reparen en que sus actos lesionan los derechos humanos de la expresidenta Áñez y avanzan en la consolidación de un proceso que no resiste el mínimo análisis de constitucionalidad y legalidad, por lo cual fácilmente podrá ser representado en la justicia internacional y acarrear responsabilidades para el Estado.

En medio de estas nuevas anomalías, el Gobierno, mediante el Ministro de Justicia, ha revelado que dos de los militares incluidos en el proceso se han acogido a juicios abreviados; rige esta salida como alternativa a los juzgamientos largos y costosos, pero en el país se apela a ellos por la dureza de la detención preventiva y es frecuente que tengan poca o ninguna relación con la culpabilidad o responsabilidad del imputado. Lo preocupante es que, como han advertido penalistas, las sentencias podrían ser usadas como pruebas contra Áñez. Esto favorece la pretensión de Evo Morales, quien sostiene la narrativa de que en noviembre de 2019 fue víctima de un “golpe de Estado”, cuando en realidad hubo un fraude electoral.

Lo que pondría fin a esta cadena de actuaciones fallidas es que los pasos procesales venideros sean presenciales. No se ajusta a los principios legales que la principal autoridad jurisdiccional en este juicio no dé la cara, bajo la excusa de la pandemia. Es de primordial necesidad que la ciudadanía conozca quiénes, por mandato de Morales, se hacen cargo de un proceso que una corte independiente calificaría como nulo de pleno derecho.