Algunos casos avanzan con la máxima lentitud, mientras que otros tienen la máxima atención y “eficiencia” de los jueces y fiscales, producto de la parcialización del Ministerio Público y la Justicia hacia el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), analiza el jurista y constitucionalista, William Bascopé.

"Lo que está pasando acá es una parcialización en unos casos donde lamentablemente están metidas autoridades de gobierno o del partido de gobierno (MAS) y no se mueve la justicia, y en otros, que no son a favor del gobierno, son contrarios, inmediatamente los persiguen judicialmente, los detienen y los llevan a medidas cautelares", afirmó.

“Nuestro país no va a cambiar mientras los políticos no dejen de manosear la institucionalidad (...), centrándonos en el Poder Judicial, hay que verificar quiénes son los jerarcas de la justicia y se va dar cuenta que varios de ellos han sido exfuncionarios del MAS y que responden al partido de gobierno”, acotó.

Lo que sucede en el caso de la Gobernación de Potosí, y en otros, es que el Poder Judicial no es un verdadero operador y administrador de justicia, lamentó que al igual que el Ministerio Público “están al servicio del poder político de turno por favores políticos y por la designación de operadores de justicia por el favor político y esa es la explicación”.

“En casos como el que pasa en Potosí hay una laxitud total, una displicencia y una dejadez en el cual no actúan, no aplican la ley con pruebas tan evidentes como un caso de corrupción en Potosí y van con una lentitud total”, comentó.

Cuatro casos y la conducta de la fiscalía y la justicia

Los gremios de periodistas y las víctimas de la emboscada armada protagonizada por un grupo de presuntos avasalladores en Guarayos, Santa Cruz, han denunciado que el caso no avanza desde hace poco más de tres meses.

En este caso hay un solo detenido, Heber Sixto Canaza, en tanto que hay cuatro prófugos con mandamientos de aprehensión, por los delitos de lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia o portación de armas de fuego, tentativa de homicidio y amenazas.

La abogada de las víctimas Raquel Guerrero denunció que el proceso penal quedó paralizado debido a que los policías que estaban a cargo de las investigaciones fueron cambiados de destino. En el caso Las Londras se identificó a dirigentes que lideraban la emboscada en una reunión con el INRA, asimismo, pertenecerían a la organización de los interculturales de esa región.

Otro fue el destino del caso “ítems fantasmas” en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, donde la fiscalía desestimó el caso, pero cuando adquirió relevancia mediática y “política” activó un operativo de investigación a través de una comisión de fiscales.

Emitió citaciones para que exautoridades de la Alcaldía cruceña se presenten a declarar, extendió mandamientos de aprehensión, cambió las figuras de testigos a imputados, solicitó la emisión de alertas migratorias, órdenes de detención internacional, entre otras acciones.

En este caso hay varios detenidos, para empezar la exalcaldesa Angélica Sosa, otros exfuncionarios de menor jerarquía, Guillermo Parada fue detenido en Panamá, mientras que su hermano Antonio Parada estaría en Brasil, buscan detenerlo. El caso salpicó a otras instituciones como Saguapac.

Otra es la forma de actuación de la fiscalía en el caso de la Gobernación potosina. Mientras el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani (MAS), implicado en la compra presuntamente irregular de 41 ambulancias “fantasmas”, carajeaba a los medios por informar sobre este hecho; en Cochabamba aprehendían al alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, por una compra supuestamente irregular de pruebas de antígeno nasal.

El caso de la compra de ambulancias “fantasmas” estalló en el mes de enero, pero las investigaciones avanzan con lentitud denunció el Comité Cívico Potosinista, es más, protestó que el gobernador haya sido citado por la fiscalía en dos oportunidades y no asistió alegando enfermedad y viaje.

La gobernación adquirió 41 ambulancias de una empresa unipersonal, sin embargo, los bienes públicos nunca llegaron, pese a existir un acta de recepción. La autoridad departamental primero defendió el proceso de compra, ante las evidencias de irregularidades anuló el contrato.

Mamani es militante y autoridad del Movimiento al Socialismo. En la Asamblea Departamental de Potosí se armó una comisión de puros masistas sin que a la fecha den resultados de la fiscalización. No obstante, las organizaciones sociales afines a ese partido exigen que sea suspendido.

En cambio, en Colcapirhua la fiscalía ordenó no solo la intervención a la alcaldía sino que aprehendió a tres personas entre ellas al alcalde Gallinate. Horas más tarde el Ministerio Público lo imputó y pidió su detención preventiva, el juez concedió la solicitud y lo envió seis meses a la cárcel.

La autoridad también es denunciada por un presunto sobreprecio en la compra de pruebas antígeno nasal en la lucha contra la Covid-19, la diferencia es que no es del MAS.

Para Bascopé la justicia está atravesando uno de sus peores momentos, tras conocerse que se liberaban a sentenciados a de feminicidio, asesinatos y violaciones, insistió que todo es producto del manoseo institucional de los actores políticos. 

"Primero hay que ver que la justicia bolivianas en el peor momento desde la fundación del país. Lo que se ha demostrado del actuar del Poder Judicial y del Ministerio Público están contaminados con el manoseado del poder político y con gente apadrinada como jueces y fiscales, por eso es que ciertos casos actúan de manera tan eficiente que se pone a investigar la Fiscalía, el juez se pone bastante disciplinado y rígido", manifestó.

///ANF//NVG/