El juicio oral contra la expresidenta Jeanine Áñez, 7 exmilitares y un ex jefe policial por el caso Golpe de Estado II fue postergado tras dejarse sin efecto el auto de apertura hasta la corrección de algunas observaciones planteadas por las partes.  

Desde el Gobierno, informaron que está proyectado el inicio del juzgamiento para marzo, donde dos de los imputados, el general Jorge Terceros y el almirante Palmiro Jarjury, que se declararon culpables de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución recibirán su sentencia tras un proceso abreviado.

La audiencia virtual se desarrolló en medio de protestas a favor y en contra y aprestos de enfrentamiento frente al tribunal de sentencia.

Los familiares hicieron vigilia junto a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, y otros activistas mientras del otro lado estaban los denominados “autoconvocados” afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). La Policía tuvo que intervenir para evitar agresiones.

RESOLUCIÓN

En el preámbulo del proceso, se expusieron lo que se considera como vicios procesales, mencionando, por ejemplo, el incumplimiento de los plazos procesales y la falta de notificación, por lo que se pidió su corrección. 

También la defensa impugnó que el auto de apertura haya sido emitido por un tribunal en suplencia, durante la vacación judicial y que, además, uno delos jueces emitió su voto disidente.

Después de más de tres horas, incluido el plazo para la deliberación, el Tribunal 1° de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz tomó la decisión de dejar sin efecto el auto de apertura emitido el 18 de enero por el juez Iván Perales, miembro que había conocido el caso en suplencia. Asimismo, se determinó devolver los obrados para que se regularice el procedimiento y se emita un nuevo auto conforme a Derecho.

La Fiscalía observó la resolución y afirmó que no existe vulneración de derechos y garantías constitucionales.

Además de Áñez, Terceros y Jarjury están acusados el excomandante de las FFAA, Williams Kaliman, además de Flavio Arce San Martín, Pastor Mendieta, Jorge Fernández, además de Carlos Orellana. También está acusado el excomandante de la Policía, Yuri Calderón.

CULPABLES

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que existe un escrito que se presentó al Ministerio Público en el que los dos ex jefes militares solicitaron el procedimiento abreviado y reconocieron su responsabilidad en el caso.

Terceros fue Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y Jarjury fue Comandante de la Armada en 2019, cuando se suscitó la crisis política y las Fuerzas Armadas (FFAA) sugirieron la renuncia de Evo Morales.

El primero, que se encuentra con detención preventiva en la cárcel de Patacamaya, es acusado de facilitar el traslado de diputados y senadores de la oposición para la eventual instalación de las sesiones de la Asamblea Legislativa con el objetivo de promover la sucesión de Áñez, además de avalar la “ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta”. 

Jarjury, que está en Palmasola, es imputado por también permitir la imposición de símbolos patrios a Áñez, la noche del 12 de noviembre, y de incumplir con el mandato de garantizar el ejercicio de un Presidente electo, según ABI.

Lima dijo que a mediados de marzo se retomaría la audiencia para el juicio y que probablemente ahí se tendrá la sentencia condenatoria, en el marco del procedimiento abreviado.

Señaló que esta decisión del Tribunal “de ninguna manera puede representar una molestia, un enojo o un retroceso”. Insistió que lo ocurrido este jueves es de carácter técnico y mejorará el debido proceso.

A su vez, destacó que así se podrá demostrar a la comunidad internacional que el país es respetuoso de todos los pedidos de Añez. 

“Estamos convencidos de que el mes de marzo, cuando reinicié el juicio, vamos a respetar el debido proceso y le vamos a dar justicia al pueblo boliviano. Ese es el compromiso del presidente Arce y de su gobierno”, dijo el Ministro.

Sin víctimas y en juicio ‘político’

El representante de  la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, citado por Urgente.bo, informó que las víctimas de Senkata y Sacaba no son querellantes en los casos Golpe I y Golpe II, por lo que calificó el juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez “de político”.

El además vocero de las víctimas de hechos del 2019 explicó que el inicio del juicio a la exmandataria es porque se vulneraron procedimientos de la Cámara de Senadores al asumir la Presidencia de Bolivia. Dijo además, que en el caso Golpe II, las víctimas son solo cuatro, Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda.

“Esas son las únicas víctimas y no están contempladas las víctimas, ni heridos, ni familiares de víctimas de fallecidos y torturadas. Ningún familiar o víctima de Senkata firmó la querella presentada contra la señora Añez sobre terrorismo y conspiración y, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes”, sostuvo.

Las denuncias por el caso Golpe de Estado II fueron realizadas por la exdiputada Lidia Patty, además del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, entre otros.

“No nos interesa debatir a nosotros si hubo golpe I o si hubo golpe II, este tema es mucho más político que jurídico. A nosotros no nos interesa debatir si hubo golpe o fraude electoral, las dos soslayan a las víctimas de los familiares, víctimas, heridos y torturados”, insistió.

Afirmó además que las víctimas de Senkata tienen un proceso contra Áñez muy aparte del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Gobierno por delitos de asesinato, homicidio, lesiones graves y leves, ejecuciones sumarias, masacre y graves vulneraciones a los derechos humanos. Inca recordó que 10 personas fueron asesinadas y más de 40 heridos.

“En estos dos elefantes (juicios) es el pueblo que aparece pisoteado. Nosotros como víctimas no somos parte, solo nos usan como bandera, pero nosotros impulsamos el proceso Senkata y Sacaba con los delitos que corresponde”, finalizó.