El fortalecimiento del narcotráfico, el aumento de las denuncias de corrupción, la dependencia política-partidaria del sistema judicial (y su consecuente sesgo), las prácticas ilegales en áreas protegidas (construcción de puentes, explotación minera, entre otros), y los constantes asesinatos de mujeres por parte de hombres con mentalidad machista, son síntomas de un Estado con instituciones débiles para poner límites a las acciones indebidas que suceden de forma permanente en el país y, peor aún, naturalizadas para muchos ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo explicar la debilidad institucional del Estado boliviano?

Dado los límites espaciales de una columna de opinión, no se puede desarrollar una explicación exhaustiva, sin embargo, sí es posible plantear algunas conjeturas basadas en la teoría política, las cuales ayuden a comprender el problema. En este sentido, el libro La ley y la trampa en América Latina
(2021), escrito por los politólogos Victoria Murillo, Steven Levitsky y Daniel Brinks, nos permite tener un fundamento válido para explicar de forma sucinta la debilidad institucional del Estado.

Su argumento, básicamente plantea que “la debilidad institucional suele ser una estrategia política y que, por lo tanto, los académicos deben intentar comprender qué es lo que impulsa estas opciones políticas y qué determina sus resultados”. Una forma de debilidad es el incumplimiento: “Ocurre cuando las reglas escritas establecen fuertes efectos en el comportamiento, pero los actores relevantes, o un importante subgrupo de estos, logran ignorar la institución…”.

El ejemplo tipo que constata el planteamiento de la debilidad institucional del Estado boliviano fue el incumplimiento de los resultados del 21F por Evo Morales como actor relevante. Una estrategia política fallida porque generó su renuncia al cargo de presidente. No obstante, en perspectiva temporal, a pesar de que el proceso de cambio del MAS estableció una nueva Constitución Política y otras leyes estructurales, las tres gestiones consecutivas de Morales Ayma, más su dominio político-partidario por catorce años en la Asamblea Plurinacional, y, actualmente con la administración de Arce Catacora, en condiciones similares en la AP – es decir, con todos los vientos a su favor-, el incumplimiento del marco institucional vigente sigue siendo una norma social extraestatal.

El narcotráfico, la corrupción, el Poder Judicial, las prácticas ilegales en las áreas protegidas, y los recurrentes feminicidios, son evidencias de que el incumplimiento de la Constitución Política y las leyes, es una constante. Ahora bien, es posible que un subgrupo del Gobierno nacional pretenda que las normas escritas moldeen el comportamiento ciudadano como forma de demostrar que el Estado Plurinacional es fuerte y guardián del interés general, pero, dada la crítica situación institucional y su implosión moral consecuente, la debilidad del Estado sigue como la marca que prevalece.

Es un gran desafío académico y político-partidario explicar la debilidad institucional del Estado mediante el conocimiento de las motivaciones y estrategias políticas de las élites en el poder, para comprender sus resultados político-institucionales en el presente.

Probablemente, para muchos bolivianos la permanente ausencia de certidumbre institucional por parte del Estado -en todos sus niveles- es una pesadilla. Por tanto, urge provocar un punto de inflexión que proyecte al Estado central con un trayecto político-institucional más inclusivo, menos corrupto, más transparente, menos centralista, pero más fuerte.