Sube la presión para que el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, se aleje del cargo a raíz de la compra irregular de las 41 ambulancias para cada municipio del departamento. Los campesinos nortepotosinos llegaron ayer hasta La Paz para expresar su molestia y anunciaron un bloqueo de caminos a partir de este lunes 14 de febrero. La Asamblea Departamental analizará este caso hoy.

“Por ética debería renunciar. Uno, por hacer quedar mal departamento, por hacer quedar al mal instrumento y dos, por hacer quedar mal binomio de Luis Arce y David Choquehuanca. Creo que en ningún lugar podemos tolerar la corrupción. ¿Dónde están las ambulancias?”,
preguntó ayer Ambrocio Anarata Beltrán, un dirigente de la Federación de Campesinos del Norte de Potosí. 

La autoridad precisó que hay “una decisión orgánica” para ejecutar el bloqueo departamental de caminos. “Que Mamani aclare sus denuncias, pero no desde su oficina de gobernador; eso es lo más ético. Que dé el ejemplo, que demuestre que tiene la ética para ser parte del MAS”, afirmó.

La medida de presión debería comenzar ayer, pero los campesinos optaron por demorarla hasta conocer el pronunciamiento formal de la Asamblea Legislativa Departamental que sesionará desde las 10:00 de hoy, de manera extraordinaria, para tratar las irregularidades que se cometieron en la compra de 41 ambulancias a una empresa de reciente creación por un monto de Bs 20,5 millones. Mamani firmó ese contrato.

Estefals Logistics, la empresa con la que la
obernación potosina cerró el trato, usó un Número de Identificación Tributaria (NIT) “prestado” y adquirió los motorizados de un “proveedor” de vehículos Toyota ubicado en Dubái. 

Los vehículos cuentan con un motor de tecnología Euro-5 que no se emplea en el país y estaban con el rótulo de “reacondicionados”, de manera que su ingreso estaba previsto a través de la Zona Franca Industrial de Patacamaya, donde el impuesto es menor
para el Estado. 

El precio por cada unidad fue de Bs 500.000 o $us 72.000, un monto mayor a la oferta de las importadoras que tienen relación directa con los fabricantes de vehículos,
pudo conocer EL DEBER. La empresa, según un acta firmada por personal de la Gobernación, entregó los motorizados el 31 de diciembre de 2021. No obstante, los vehículos no llegaron.

Ese día, se generó un orden de pago que luego fue revertido.
La asambleísta que representa Villazón, Silvana Yáñez, anunció que la sesión de se conocerá el informe de la comisión que analizó las irregularidades. Detalló que
la investigación “se llegó hasta las oficinas de varios funcionarios que tuvieron que ver con el proceso de contratación”.