La salida de la cárcel de Richard Choque Flores, un feminicida que poco tiempo después de su liberación reincidió, ha mostrado una vez más la sórdida y profunda crisis en la que se encuentra la justicia boliviana.

La indignación que ha causado este y otros hechos de complicidad de fiscales y jueces con delincuentes ha ocasionado que la reforma de la justicia esté una vez más al orden del día.

Pero los problemas de fondo de la justicia no se resolverán en años y ni siquiera en generaciones. Mientras tanto, estamos presenciando cómo las bases de nuestra convivencia pacífica y de nuestra calidad de vida se derrumban por culpa de la asociación y confusión entre jueces, fiscales y delincuentes.

Necesitamos lograr un consenso nacional orientado a impedir que la justicia incumpla la tarea más elemental que tiene asignada, que es sancionar adecuadamente los comportamientos que amenazan las bases de la sociedad.

En una familia se establece y delimita las conductas permitidas, las no permitidas pero poco dañinas, las muy graves y las gravísimas. Las últimas no son disculpadas ni relativizadas y merecen sanciones graves. Lo mismo debe pasar en una sociedad. Las conductas graves y muy graves deben ser contenidas efectivamente. De lo contrario la sociedad no tendría viabilidad.

Vemos con preocupación y pena que el sistema judicial en su conjunto se halle desorganizado y desmoralizado por la corrupción y otros problemas de fondo, de índole cultural y social, que impiden que haya justicia efectiva. Pero esta es una cosa y otra muy diferente es que el sistema entre en tal bancarrota que nos lleve a toparnos en las calles con los asesinos de nuestras hijas, hermanas y madres, o con narcotraficantes convertidos en importantes autoridades, o con ladrones declarados del erario público. No lo podemos permitir si queremos sobrevivir como país.

Los ciudadanos, sus representantes políticos, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, en particular las asociaciones de víctimas del sistema judicial: litigantes, víctimas de feminicidio, denunciantes de la corrupción, presidiarios, trabajadores sociales de las cárceles, etc., debemos formar un consenso nacional para frenar la caída de la justicia en el abismo.

Entre todos debemos realizar lo más elemental y lo que puede hacerse de inmediato con el concurso de todos. Diluir el impulso actual en reformas constitucionales que tardarán siglos es una trampa orientada a desinflar la rabia ciudadana actual.

No podemos permitir que los operadores de justicia actúen de forma corrupta en áreas que transgredan los límites más serios que establece una sociedad. En nuestro caso estos son: 1) el asesinato, en particular de mujeres y niños, 2) la violación, 3) el robo a mano armada, 4) el secuestro, 5) la trata de personas y 6) la corrupción en gran escala.

Debemos asegurarnos de que todos los operadores de justicia que hagan concesiones, trampas o rompan la ley en estas áreas serán detectados, investigados, denunciados a través de los medios, detenidos y procesados, incluidos en listas de “enemigos de la sociedad”, impedidos de seguir sirviendo como abogados, incluso en la práctica libre o la docencia.

Hemos llegado a un punto en el que no tenemos otra salida que organizarnos para defendernos de las mafias judiciales, que se han convertido en una amenaza gigantesca a nuestra convivencia pacífica, nuestra calidad de vida y a la democracia.

Samuel Doria Medina es empresario y exjefe de UN