Los asambleístas prorrogaron su mandato en enero de 2020 en medio de un acuerdo político, y para eso aceptaron la constitucionalidad de la presidente Jeanine Áñez. Hoy, ella es juzgada por la vía ordinaria acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE en un proceso que fue desdoblado en dos, los casos denominados golpe I y II. Sin embargo, los exparlamentarios no fueron citados.

Jeanine Áñez llegó al poder el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y escapar del país luego de que fuera acusado de incurrir en fraude electoral. Además, en la época también dimitieron el vicepresidente Álvaro García Linera y los titulares de las cámaras de senadores y de diputados provocando un vacío de poder.

Para superar el problema, asumió el mando la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, con la misión de pacificar el país, que se encontraba convulsionado, y
convocar a elecciones.

El 20 de enero de 2020, la Asamblea Legislativa, dominada por los dos tercios del MAS, aprobó por unanimidad la Ley 1270 de prórroga excepcional del mandato constitucional de autoridades electas. De entrada, la norma reconoce a Áñez como presidenta porque en su texto admite como
objetivo “excepcionalmente prorrogar el período de mandato constitucional de la Presidenta del Estado Plurinacional, las y los Asambleístas de la Asamblea
Legislativa y las autoridades electas de las Entidades Territoriales Autónomas, para restablecer la normalidad constitucional”.

El abogado de Jeanine Áñez, Alaín de Canedo, consideró que hubo un acuerdo político. “Si la expresidenta cometió delitos, debiera ser igual para los demás. No se puede decir que la gestión de Jeanine Áñez fue de facto en 2020, y que fue legal la prórroga de las demás autoridades”, dijo.
El Tribunal Constitucional, en la declaración constitucional
001/2020, avaló el mandato constitucional de Áñez y declaró la constitucionalidad del proyecto de ley de prórroga, tanto de la presidenta como de los legisladores.

El exsenador del MAS, y uno de los artífices de esta negociación, Omar Aguilar dijo que “si nos tienen que juzgar a todos los diputados y senadores de la legislatura anterior, tendrán que hacerlo por haberle devuelto la democracia al país, garantizar elecciones y tener hoy un presidente”. El exasambleísta aceptó que “posiblemente cometimos algunos errores”, que no quiso definir como delitos. Además, estableció que se actuó a nivel político para salvar al MAS.

Por su lado, el expresidente Jorge Quiroga señaló que este juicio que no tiene ni pie ni cabeza. Dijo que es la primera vez en la historia democrática del país donde se pasa por encima de las leyes. Todos los expresidentes, incluido el exdictador Luis García Meza tenían derecho a un juicio de responsabilidades aprobado por el Congreso y tramitado en el Tribunal Supremo de Justicia. “Lo sé por experiencia, soy el único expresidente en democracia que sigo enjuiciado”.

En entrevista con el programa Influyentes de EL DEBER Radio, Quiroga lamentó que se juzgue a una expresidenta por la vía ordinaria. “Es una aberración gigantesca, y abriendo dos procesos por la misma causa. Además, quieren hacerle un juicio virtual para que ella no tenga contacto con medios de comunicación, buscan un proceso con pantalla oscura donde nadie sepa lo que está pasando”.

Áñez fue reconocida, según Tuto, por la comunidad internacional, por el Tribunal Constitucional que prorrogó su gestión, la Asamblea y Eva Copa, el fiscal Juan Lanchipa y también por el Tribunal Supremo de Justicia, que la recibió en enero de 2020, como presidenta constitucional.

Comparó la actitud de ella con la de Evo Morales. Áñez terminó su mandato y se fue a su casa, fue detenida y ahora debe tomar la medida extrema de la huelga de hambre en condición de presa política. Mientras, Evo Morales, huyó tras hacer fraude, renunciar y hoy busca mostrar “ese acto de cobardía como una gesta épica”.

La excanciller Karen Longaric, refugiada en Alemania, señaló que es claro que Áñez es una presa política. “Una condena en su contra, será una condena a toda la Bolivia democrática reflejada en el movimiento del 21-F, en los
21 días y abrirá la puerta para criminalizar todo acto democrático de oposición”, señaló.

Quiroga reivindicó la iniciativa de más de 20 expresidentes que pidieron un debido proceso para la expresidenta. Destacó el apoyo de Eduardo Frei en Chile y emplazó a Antonia Urrejola, futura canciller de ese país. “Usted es su
carcelera. Como presidenta de la CIDH tuvo en sus manos la medida cautelar que pidió y usted no hizo su trabajo y se convirtió en su carcelera, qué vergüenza”, dijo.