Pese a las demandas populares por cambiar la justicia donde se prevea que se produzca una cumbre objetiva y participativa por la reforma de la justicia van transcurriendo varios años y hasta ahora no se conoce nada aún. Es más, no hay ningún avance en la anunciada reforma de la justicia; antagónicamente, hay fuertes matices de que su administración es política, parcializada y dependiente del poder político, se exacerbó aún más, de tal manera que lo primero que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos “justicia boliviana” es “persecución política”. Y como cherry del postre, la respetable organización internacional Human Rights Watch (HRW), en su informe mundial de 2021, sostuvo que en Bolivia la justicia “sufre efectos de la interferencia política desde hace años”.

Ahora bien, es ineludible una verdadera restructuración del sistema judicial con soluciones que corrijan de fondo la problemática para curarnos del “cáncer judicial” que nos agobia. Recuperando la legitimidad, para que todos volvamos a creer en una justicia “verdadera” sin manoseos, injerencias políticas, persecuciones, extorsiones y actos de corrupción.

Para que quienes ejerzan el poder de sancionar (punitivo), lo hagan para intervenir en la conflictividad social más dura, conteniendo las represalias y ofreciendo respuestas menos violentas, pacificadoras. Una de ellas, debe cambiarse el sistema de designaciones de las principales autoridades judiciales, previa calificación de méritos, con un sistema de audiencias públicas que permitan conocer y acreditar los méritos de los candidatos. Como hace tiempo se hizo con la ex Corte Nacional Electoral (quizás sea una buena fórmula para atemperar la falta de credibilidad).

No obstante, la solución no pasa solo por cambiar al proceso de designaciones de las autoridades judiciales. El verdadero problema es mucho más complejo de lo que se aprecia. Comprendiendo que, no solo hay que imponer en todos los niveles la meritocracia, sino básicamente hay que mejorar al Órgano Judicial en su integridad. Y esto pasa por reconocer la institucionalidad, basado en exámenes de competencia y oposición, la objetividad de la “Escuela de Jueces del Estado” y la valoración recurrente donde se evalúe periódicamente la capacitación y la trayectoria profesional. Cerrando el ciclo de los jueces a carrera e institucionalizando la carrera judicial.

En consecuencia, la reforma judicial debe ser sistemática, integral y objetiva, considerando aspectos políticos, económicos e institucionales, y restituyendo su independencia e imparcialidad a los jueces, porque un sistema judicial sin estas garantías esenciales no solo deshonra la institucionalidad democrática y da lugar a la corrupción, sino que además deja en manifiesto la inseguridad jurídica. Esta reforma de la justicia demanda un compromiso del poder público y de la sociedad en su conjunto mostrando resultados objetivos a fin de devolverle la confianza judicial que tanto anhela nuestra sociedad.