Tras 335 días en la cárcel con detención preventiva, hoy está previsto el inicio de un juicio ordinario en contra de Jeanine Áñez por el denominado caso “golpe de Estado II”. La expresidenta no será enjuiciada como alta autoridad de Estado, sino que se defenderá por las acusaciones de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por acciones que tomó cuando era segunda vicepresidenta del Senado.

El juicio empezará en medio de una huelga de hambre instalada por Áñez, con denuncias por parte de su hija, Carolina Ribera, contra exministros, mientras que al otro lado los simpatizantes del MAS alientan el proceso y buscan desacreditar las muestras de apoyo hacia la exautoridad que llegan del exterior y del país. 

Ayer, luego de mediodía, se abrió una ventana para la exmandataria. La justicia aceptó una nueva acción de libertad a poco del inicio del juicio. Sin embargo, el Juzgado Octavo en lo Penal, dirigido por el juez Franklin Siñani Velasco, rechazó la medida.

“La justicia ha desprotegido, desoído y desamparado durante 335 días mis derechos fundamentales. Fui secuestrada el 13 de marzo, no hay otro calificativo para mi detención, sin haberme notificado ni llamado a declarar frente a la denuncia que inició todo este calvario de violaciones a la Constitución”, afirmó Áñez durante la audiencia virtual.

La defensa de Áñez no logró la acción de libertad y la estrategia jurídica de los abogados de la exdignataria fue desechada por el juez. Consideró que subsisten los riesgos de fuga y obstaculización de la investigación por parte de la acusada. 

Según el juez, la devolución del pasaporte de Áñez y el certificado que lo valida no son suficientes, pues debieron tramitar a través de un requerimiento fiscal. El documento que presentó la defensa fue calificado como “una nota” por el juez de garantías. La defensa de la exmandataria reprochó la decisión de manera airada.

Duro reproche
“Usted no ha entendido su rol en esta audiencia, su rol de juez de garantías. Esta es una de las resoluciones más aberrantes que he escuchado, que viola todos los derechos de la señora Jeanine Áñez; es una vergüenza su fallo, señor magistrado”, cuestionó la abogada Dolka Cuéllar, una de las abogadas de la exmandataria.

Jeanine Añez se encuentra detenida desde el 13 de marzo de 2021, luego de que el Ministerio Público emitiera una orden de aprehensión por los supuestos delitos de “sedición y terrorismo” durante la crisis política y social en 2019. Desde entonces su defensa presentó siete acciones de libertad que fueron rechazadas.

Hoy, a las 9:00, está previsto el inicio del juicio en su contra por el denominado caso “golpe de Estado II”. Este proceso tiene relación con la llegada al poder de la exmandataria en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia del Estado. 

“Siempre cumplí con mis responsabilidades, jamás estuvo en mí huir de alguna de ellas, menos abandonar mi país, mi casa, mi hogar y mi familia. Hace 335 días que se me niega el derecho a un proceso justo, independiente, transparente y público. Un proceso conforme a la Constitución y a la ley de juicio de responsabilidades de exmandatarios vigente”, afirmó Áñez poco antes de iniciar el juicio en su contra. 

En este juicio, además de Áñez, están acusados nueve exaltos mandos de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía. Entre ellos el excomandante de las FFAA Williams Kaliman y de la Policía Yuri Calderón, ambos con paradero desconocido. También están en la acusación formal Flavio Arce, excomandante de la Armada y exjefe de Estado Mayor; Carlos Orellana, excomandante de las FFAA; Jorge Fernández, exinspector de las FFAA; Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Pastor Mendieta, excomandante del Ejército; y Palmiro Jarjury, excomandante de la Armada Boliviana.

Huelga de hambre
Áñez decidió ayer ingresar a una huelga de hambre como medida contra el “abuso” que sufre por su detención. En el MAS dicen que la expresidenta busca “victimizarse” y el Ministerio de Gobierno impulsa el juicio utilizando bienes del Estado. Expresidentes del país se solidarizaron con Áñez. 

"Expreso mi solidaridad plena a la expresidenta constitucional Jeanine Áñez ante la decisión del sacrificio personal para enfrentar la autocracia y la brutalidad masista, que vulnera todos sus derechos, la mantiene en un encierro vergonzoso y quiere someterla a un juicio espurio", escribió el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

Áñez en una carta escrita a mano informó que ingresaba a huelga de hambre y denunció que la justicia es manejada por Evo Morales y Luis Arce. Desde el MAS niegan esa acusación. "La señora Áñez debe enfrentar la justicia y dejar de victimizarse. En 2019 hubo un golpe de Estado y debe haber un antecedente judicial que muestre que esas acciones se sancionan", acusó el diputado Héctor Arce, del MAS.

Antes de iniciar el juicio, la expresidenta presentó una lista de 45 testigos para que declaren sobre lo ocurrido en 2019. Una de ella es Eva Copa, que asumió la presidencia del Senado después de la renuncia de Morales, del vicepresidente Álvaro García Linera y de la titular de la Cámara Alta Adriana Salvatierra que dejaron el país sin línea de mando. La ahora alcaldesa de El Alto se inclinó por una sanción en contra de Áñez, a pesar de que el Senado aprobó una norma que extendió el mandato de la jefa de Estado, de las autoridades legislativas y de las subnacionales.

Mientras, Carolina Ribera denunció que algunos de los colaboradores de la expresidenta pactaron con el MAS, entre ellos Arturo Murillo, el ex poderoso ministro de Gobierno que se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero.

Áñez solicitó un juicio justo e imparcial. Dijo que está dispuesta a someterse a la justicia, pero que esta debería contemplar la igualdad de condiciones. "Soy una perseguida política", denunció.