El anunciado proceso ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez, que podría sufrir contratiempos debido a la huelga de hambre a la cual ella ha ingresado en el penal de Miraflores, ha dado lugar a múltiples observaciones, pues está plagado de irregularidades.De hecho, este periódico y otros medios han comenzado a enumerar las falencias estructurales de un juicio que es, de principio, improcedente, pues la Constitución Política del Estado y una ley específica establecen el procedimiento que se ha de seguir cuando se trata de procesar a quien ha ocupado las más altas funciones públicas en el país. 

Sin los dos tercios necesarios para iniciar un juicio de responsabilidades, el oficialismo ha optado por someter a Áñez a un proceso a todas luces ilegal. Impulsa este juzgamiento, en vez del principio de legalidad, el afán de revanchismo del expresidente y dirigente cocalero Evo Morales, quien cree que con la condena de Áñez podrá sustentar su narrativa, que hace aguas por todas partes, de un inexistente “golpe de Estado”. El jefe masista intenta borrar de ese modo los hechos que rodearon su renuncia tras las elecciones de noviembre de 2019, anuladas por manipulaciones dolosas, según informes de la OEA y de la Unión Europea, y habilitarse en la carrera por volver al poder.

Forzado y contrahecho, el proceso contra Áñez se ha apoyado en innegables violaciones a los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa. Las marchas y contramarchas en su desarrollo revelan que hoy el Ministerio Público y la justicia primero privan de libertad a las personas y después “arman el juicio”. Eso es lo que ha sufrido Áñez en casi un año en la cárcel, en una abierta vulneración a sus derechos humanos y constitucionales. 

El calvario judicial de Áñez está muy bien descrito en el pronunciamiento de los exmandatarios que conforman la Iniciativa Democrática de España y las Américas. En primer lugar, aciertan al sugerir que todo esto ocurre porque en el país, donde se ha impuesto la persecución judicial contra los opositores, es notoria la ausencia de los principios esenciales del Estado de derecho en una democracia representativa, en la cual el ejercicio del poder, como lo prescribe el Sistema Interamericano, está sometido a reglas “fijadas de antemano y conocidas previamente por todos los ciudadanos, para evitar la arbitrariedad”. En segundo lugar, apuntan que es fundamental la separación de poderes no solamente como condición para preservar la libertad política de los ciudadanos -la concentración del poder implica la tiranía y la opresión-, sino porque es esta separación de funciones la que garantiza la independencia de los jueces. 

La impotencia de la expresidenta Áñez ante el aparato judicial servil a Morales se ha traducido en una huelga de hambre. Es su último recurso ante la sistemática violación de sus derechos humanos a la cual ha sido sometida por un poder concentrador y arbitrario.