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Una de las áreas protegidas con mayor biodiversidad en el mundo está en Bolivia y hoy se ve amenazada por los avasallamientos que se registran por la actividad minera. Se trata del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, ubicado entre las provincias Iturralde y Franz Tamayo, en el norte del departamento de La Paz, donde empresas legales realizan la extracción de oro poniendo en jaque a la flora y fauna del lugar.
Fue la senadora Cecilia Requena (Comunidad Ciudadana) quien puso en evidencia esta situación y acusó a las instancias encargadas de velar por las áreas protegidas, específicamente el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), de no tomar cartas en el asunto, pese a las denuncias existentes contra la afectación a estos espacios que abrazan a la flora y fauna nacional.
“Estamos aquí para denunciar la inacción y el incumplimiento de deberes del director (Teodoro Mamani) del área protegida, que ya debería haber dicho algo, generado denuncia y comunicado a la fuerza pública”, manifestó la senadora, quien horas después dijo que en redes sociales que el Sernap empezará a asumir acciones después de las denuncias realizadas.
Requena anunció que citará a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y del Sernap para que den un informe de las medidas adoptadas ante esta y otras denuncias en áreas protegidas.
Mientras tanto, la directora de Monitoreo del Sernap, Alejandra Salamanca, aseguró este miércoles que los permisos para explotación minera en el Parque Nacional Madidi fueron aprobados en el gobierno de Jeanine Áñez, pero no hizo referencia a que continúan vigentes en la administración de Luis Arce Catacora.
“Tenemos documentación de que, en el gobierno transitorio, en la gestión 2019 se han otorgado certificados de compatibilidad. Es lamentable que, teniendo la categoría de restricción para realizar estas actividades extractivas en este parque, en ese gobierno se hayan otorgado esos certificados de compatibilidad para que puedan proseguir con sus trámites ante la instancia de la AJAM”, explicó a RTP.
En medio de este problema y haciendo un paréntesis a la situación, desde las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) enviaron cartas pidiendo cargos para miembros del partido y que estos puedan ingresar al Servicio Nacional de Áreas Protegidas La Paz (Sernap).
"Quienes ganan dinero público para defender las áreas protegidas llegan por repartija de pegas. Por eso no solo no las protegen sino que ayudan a su destrucción desde dentro, como reciente caso del Madidi, sin denuncias por avasallamiento minero", apuntó la senadora opositora.
Requena también señaló que el descontrol en la institucionalidad que tiene responsabilidad de velar por las áreas protegidas favorece al masismo y que ante la incapacidad de generar fuentes de empleo digno se está lanzando a la gente a ganar unos pesos destruyendo los recursos naturales, permitiendo que solo unos cuantos se hagan millonarios y dejando muy poco a las arcas del Estado.
Por otro lado, activistas y guardaparques denunciaron que un grupo de 90 personas, entre trabajadores mineros y algunos comunarios de la localidad de Azariamas, se asentaron en el sector Resina a orillas del río Tuichi, en el municipio de Apolo, que está dentro del parque Madidi.
La minería ilegal esta afectando con mercurio a los ríos de la cuenca amazónica, siendo también un factor que desencadena en deforestación, según Requena.
"No hay un Estado y hay intereses que están en el gobierno. Se alían con estos sectores que les interesa un pepino el futuro de las áreas protegidas, están destruyendo el agua y los ríos amazónicos", concluyó.
Por su parte, el director ejecutivo del Sernap, Teodoro Mamani, indicó a EL DEBER que este miércoles 9 de febrero dará una conferencia de prensa para demostrar todas las acciones que se han tomado desde el Sernap para impedir los avasallamientos.