Con gran celeridad, el hoy exalcalde de Colcapirhua Nelson Gallinate ha sido enviado con detención preventiva de seis meses a la cárcel de San Pablo, en Quillacollo, tras una audiencia en la cual un juez ha considerado prudente dictar tal medida cautelar para asegurar que se cumpla lo que la justicia dictamine a futuro en este caso.

El exburgomaestre, suspendido por su partido, Comunidad Ciudadana, ha sido imputado, de acuerdo con los cargos presentados por el Ministerio Público, por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Los hechos que han activado el caso están relacionados con la compra, con presunto sobreprecio de 130 mil bolivianos, de 10 mil pruebas de antígeno nasal para detectar Covid-19, pero también con la falsificación de informes para la contratación de una empresa proveedora de esos productos y la vulneración de procedimientos administrativos. Lo que ha permitido detectar la supuesta irregularidad es la diferencia entre los precios pagados por el mismo producto en los municipios de Colcapirhua (58 bolivianos por unidad) y Arque (45 bolivianos). 

A la espera de la determinación de la verdad histórica en estos lamentables sucesos, cabe expresar, sin embargo, un rotundo rechazo a la corrupción, que se da cuando un funcionario se apropia de los recursos públicos para beneficio personal. Y actos de esta naturaleza son inclusive más aberrantes y deplorables cuando autoridades como el exalcalde Gallinate efectúan adquisiciones supuestamente para luchar contra la pandemia, en beneficio de la gente, aprovechando muchas veces una declaratoria de emergencia, cuando en realidad solamente creen que se ha presentado la oportunidad de enriquecerse. 

Ojalá el Ministerio Público y la justicia actuaran en todos los casos con la misma rapidez y eficacia con que se procesa al exalcalde Gallinate. Lo mencionamos a propósito del gobernador de Potosí, Johnny Mamani, oficialista, quien a pesar de la adquisición de ambulancias fantasmas —reacondicionadas, según se denuncia— no solamente que no ha sido imputado por esas irregularidades, sino que hasta se ha permitido arremeter contra la prensa con términos impropios de su cargo, lo cual revela su talante zafio y autoritario. Se puede concluir que la justicia, hundida hoy en una profunda crisis, casi terminal, es proclive a aplicar la ley del embudo, porque es ancha y obsecuente con las autoridades masistas, pero angosta y draconiana con las de la oposición, sin que esto implique exculpar a Gallinate. 

A raíz de estos repudiables sucesos, Colcapirhua tiene una nueva alcaldesa, Nelly Mayta, también de Comunidad Ciudadana. Que haga una buena gestión. Tras el escándalo de Gallinate, se ha abierto el camino para procesar a los malos funcionarios.