La Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, utilizada en forma distorsionada por jueces corruptos, permite la liberación de criminales peligrosos, quienes, pese a haber cometido asesinatos atroces, gozan del beneficio de la detención domiciliaria e incluso de la libertad irrestricta.

Algunos jueces, que actúan bajo el amparo de consorcios, aprovechan, también, algunos “defectos” de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, para liberar impunemente a feminicidas y violadores, esgrimiendo argumentos de enfermedades que aquejarían a los que son reos rematados con sentencias de 30 años sin derecho a indulto.

“Existe un defecto en la Ley 1173 que permite que, por la retardación de justicia y el tiempo de tramitación de los casos, muchas personas que tienen ya sentencia por los casos de feminicidio y violación, estén en las calles. Hay que cambiar la ley, hay que ajustar ese aspecto”, manifestó el ministro de Justicia, Iván Lima.

Las dos leyes mencionadas líneas arriba son mal interpretadas y lo que hacen algunos jueces es liberar a asesinos sentenciados con hasta 30 años de cárcel, con el argumento de que padecen enfermedades como gastritis y diabetes, entre otros, que no son males terminales como lo establece la norma.

Por este motivo, el Ministerio de Justicia afirmó que se debería subir la pena por el delito de prevaricato para sentenciar a los “malos jueces y fiscales” que utilizan en forma distorsionada estas dos leyes para beneficiar a los feminicidas y violadores. De esa forma, se estaría enviando un mensaje firme a los administradores de justicia que no cumplen a cabalidad con su trabajo. Asimismo, es importante que se empiece con la tan mentada reforma judicial, en la cual opositores y oficialistas están de acuerdo, pero que hasta ahora no existe consenso claro para llevar adelante este proyecto.

Si se va a implementar una reforma de la justicia, la misma debe enfocarse en el fondo del asunto y no solamente en la forma. Además, la reforma que se encare debe ser clara y a mediano plazo. No se puede dejar pasar más tiempo para mejorar el sistema judicial, en todos sus niveles.

La liberación de varios asesinos y violadores es una señal patente de que no se está aplicando correctamente las leyes que rigen en el país y que algunas normas no están bien redactadas porque permiten que consorcios de jueces y fiscales manipulen los defectos que encuentran para liberar a sentenciados rematados, poniendo en grave riesgo a la sociedad.

Es hora de que se realice esta reforma judicial, pero con el concurso de todos los sectores y dejando de lado los colores partidarios. Lo importante será encontrar un gran consenso nacional para beneficio de todos los bolivianos.