El problema de la Justicia boliviana es de tal profundidad que no hay comisión ni enmienda que permita reconducir la situación. Se han traspasado demasiados límites y es el momento de construir una nueva Justicia desde abajo, un ejercicio para el que hay que tener muy claros los principios, pero también los objetivos. Sin Justicia no hay desarrollo posible. Sin Justicia no hay comunidad.

Puede que la gota que ha colmado el vaso tenga su punto clasista. Hasta hace dos semanas todos los bolivianos éramos conscientes de que la Justicia no era igual para todos por mucho que así lo pregone la Constitución. Que para obtener justicia hay que tener posibles y recurrir a todos los métodos, porque demasiadas veces las investigaciones ni siquiera arrancan si no hay una “aceitadita” para la gasolina de la moto o la salteñita, y eso ya no es justicia.

Hasta hace dos semanas en Bolivia se daba casi por hecho que los políticos no entran en la cárcel, salvo empeño del oponente, y que incluso en caso de sentencia podían pasar años hasta ingresar en prisión después de “apelar a Sucre”, donde los casos duermen hasta que las víctimas hinchan lo suficiente (o lo que sea) para conseguir que la sentencia se ejecutoríe.

Hasta hace dos semanas, la mayoría de los bolivianos creía que eso de “ejecutoriar las sentencias” tenía que ver con condenas administrativas o por asuntos más políticos, como la corrupción o similar, pero se ha conocido con horror que hay parricidas sueltos amparados en esa Ley “garantista”. Y eso no es lo peor.

Desde la semana pasada se sabe ya con pruebas que los más malvados asesinos, violadores y feminicidas han podido salir de prisión incluso teniendo sentencias que rechazaban de entrada el indulto u otros beneficios penitenciarios. ¿Cómo? Pagando una determinada suma que les hacía acreedores de una enfermedad grave, donde se involucraban médicos y jueces además de fiscales y abogados y aún hay algo peor: ellos iban a ofrecer este “servicio” al penal incluso entre los responsables de los crímenes más atroces. ¿Quién cree en la rehabilitación?

Este aspecto, el que toca a la gente común, porque en cualquier calle puede vivir un violador condenado y excarcelado por obra y gracia de la corrupción, es el que está funcionando como palanca de cambio al constatar que lo de la corrupción de la justicia va más allá de un Tribunal que le dé la razón a Morales cuando dijo si la reelección era un derecho humano o que haga constitucional el autonombramiento de Áñez ante un hemiciclo sin quórum.

Es urgente la reforma integral de la Justicia, una urgencia que solo puede ser abordada desde el compromiso institucional y desde la voluntad de diálogo y acuerdo, y finalmente, refrendada por los ciudadanos, verdaderos depositarios de la voluntad popular. No hay atajos en este sendero, es imprescindible hacer las cosas bien.