La Defensoría del Pueblo ha pedido la intervención estatal del Ministerio de Minería y de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ante el ingreso de cooperativas mineras con fines de explotación de oro en las comunidades de Azariamas y río Tuichi en el municipio de Apolo y al interior del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.

La Defensoría del Pueblo “Pide la intervención estatal a través del Ministerio de Minería y de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y cumplir sus atribuciones y obligaciones establecidas en la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales de derechos humanos y la normativa sobre Madre Tierra, medio ambiente y minería”, dice una nota de prensa.

La institución sostiene que tomó conocimiento, a través de los medios de comunicación, que existiría el traslado de maquinaria pesada con fines de explotación minera al interior del Madidi, la comunidad Azariamas y el río Tuichi en el municipio de Apolo en el departamento de La Paz, alerta que esta acción podría afectar a los territorios indígenas y al hábitat de sus habitantes.

Este fin de semana, activistas y guardaparques denunciaron que un grupo de 90 personas, entre trabajadores mineros y algunos comunarios de la localidad de Azariamas se asentaron en el sector Resina a orillas del río Tuichi en el municipio de Apolo, que está dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.

“Han establecido un campamento, una tranca de control donde revisan documentos y no están dejando ingresar a personas de otros lugares. A los propios comunarios les están revisando sus pertenencias y les quitan sus celulares para que no graben ninguna actividad minera”, contó un guardaparque a la ANF.

En ese contexto, la institución defensorial considera que esta situación podría generar conflictos y la vulneración de derechos como los suscitados en comunidades de los municipios Mapiri, Guanay, Teoponte o Apolo, cuyo trasfondo tiene que ver con minería, control territorial y de los recursos naturales.

Hizo un llamado a las autoridades estatales de los distintos niveles de gobierno a interponer sus buenos oficios para evitar que con la instalación de proyectos mineros al margen de la ley se generen otros fenómenos como el contrabando, prostitución, trata y tráfico, narcotráfico, entre otros, tanto en territorios indígenas como en áreas protegidas.

Acotó que el Ministerio de Minería debe fiscalizar la aplicación de la legislación y regulaciones vigentes para el sector metalúrgico.