Medio: ANF
Fecha de la publicación: martes 08 de febrero de 2022
Categoría: Consulta previa
Subcategoría: Consultas en materia hidrocarburífera
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Organizaciones defensoras del patrimonio natural condenan el hostigamiento y las amenazas de colonizadores y pobladores foráneos en contra de cinco familias de la comunidad de El Cajón, por proteger su territorio que se constituye en la puerta de ingreso a la Reserva de Tariquía.
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Se trata de cinco familias que hicieron pública el avance de las petroleras en la Reserva de Tariquía en el departamento de Tarija.
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La Paz, 8 de febrero (ANF).- Organizaciones defensoras del patrimonio natural condenan el hostigamiento y las amenazas de colonizadores y pobladores foráneos en contra de cinco familias de la comunidad de El Cajón, por proteger su territorio que se constituye en la puerta de ingreso a la Reserva de Tariquía.
Mediante un pronunciamiento condenaron el hostigamiento y las amenazas que están protagonizando colonos, pobladores foráneos o residentes no permanentes en esta comunidad, que se muestran favorables al ingreso de las empresas petroleras, al calor de su coordinación con autoridades y funcionarios públicos para este fin.
Las familias que residen permanentemente en El Cajón son acosadas por haber manifestado públicamente su preocupación por el avance del ingreso de las actividades petroleras con graves impactos ambientales.
La Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), la Sub Central Campesina Tariquía, la comunidad Pampa Redonda, Chiquiacá, la Pastoral Social Cáritas Tarija y el Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB, además, la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni Tuichi Quiquibey, la Plataforma en Defensa de las Áreas Protegidas Provincia Abel Iturralde Ixiamas y el Comité de Defensa de la Amazonía (CODA) exigen que se garanticen los derechos fundamentales de la población.
“Exigimos a las autoridades y funcionarios públicos del SERNAP, YPFB Chaco, Ministerio de Hidrocarburos, Alcaldía de Padcaya y otros, que cumplan sus fundamentales obligaciones constitucionales de garantizar los derechos fundamentales de la población”, se lee en la denuncia pública.
Asimismo, las organizaciones consideran que la situación de las cinco familias de El Cajón es una muestra clara de la “violencia que generan las autoridades y funcionarios públicos en su afán de crear artificialmente, y con características de intromisión en la vida de las poblaciones locales, un supuesto apoyo de la población local a las actividades hidrocarburíferas dentro de la Reserva de Tariquía”.
Llamaron a los organismos nacionales e internacionales, encargados de la protección y defensa de los Derechos Humanos, particularmente en torno a problemáticas socio ambientales, a tomar nota de la denuncia, y determinar acciones prontas, oportunas y efectivas para frenar estas vulneraciones a los derechos de poblaciones locales, antes que se incremente la violencia fomentada por autoridades y funcionarios públicos en Bolivia.
//NVG//
