Las concejalas en el país enfrentan persecuciones, amenazas, incluso agresiones físicas como mecanismo para presionarlas a renunciar a sus cargos que llegaron a través del voto. Algunas sufren discriminación y no las respetan solo por ser mujeres. Desde el 3 de mayo de 2021, fecha de su posesión, al menos 100 autoridades electas de los concejos municipales del país, que pertenecen a diferentes partidos políticos, denunciaron acoso y violencia política.

De los 100 casos, 85 son denuncias formales y 15 no están en investigación, ya que las autoridades afectadas aún no han querido presentar sus descargos. El director ejecutivo de la Asociación de Concejales de Bolivia (Acobol), Erik Huayhua, explicó que, de todos los hechos, el 95% es por acoso político (persecución, presión, hostigamiento, amenazas) y solo existe un 5% de casos de violencia política (agresiones físicas, psicológicas y sexuales).

La mayor cantidad de denuncias se concentra en La Paz con 31 casos, seguido de Santa Cruz con 18, Oruro 12, Cochabamba 11, Beni seis, Chuquisaca cinco y Pando dos. Mientras Potosí y Tarija no registran casos.

Por su parte, una encuesta de la Coordinadora de la Mujer y Oxfam señala que el 81% de autoridades electas del país han vivido acoso y violencia política. El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) revela que desde el año pasado se registraron 155 renuncias de autoridades mujeres que fueron elegidas en los comicios subnacionales de 2021.

“Es una situación muy compleja, una problemática que está tratando de excluir a las mujeres de los espacios políticos, y evidencia de ello es que en 2021 llegaron al OEP 155 renuncias de mujeres. Eso nos muestra que detrás de estas renuncias constatamos que no son temas familiares, sino que las obligan, presionan y los suplentes, partidos políticos y otros actores usan artilugios para ejercer violencia política y para que renuncien las mujeres. Es un grave problema”, afirmó la responsable del Área de Incidencia Política de la Coordinadora de la Mujer, Lucía Vargas.

Los principales infractores a la normativa que protege a las mujeres que ejercen cargos políticos son los suplentes, seguido de sus propias organizaciones políticas, también los servidores públicos de las alcaldías y, por último, los pobladores de los municipios.

De acuerdo a los datos de la Coordinadora de la Mujer, el 50% de agresores son militantes de sus mismos partidos. El director de la Acobol explicó que a mitad de gestión de las autoridades electas suele incurrirse en la administración compartida, es decir, que el suplente ocupe de manera ilegal y bajo presiones el lugar de la titular.

“Esto va a suceder el 2023, a los dos años y medio por la gestión compartida llegan denuncias de las concejalas respecto a sus suplentes por el tema de acoso político para que puedan ingresar al curul. En ese sentido no tenemos un dato exacto a los partidos políticos, si es que analizamos fríamente respecto al número de concejalas en el país, un porcentaje mayoritario es del Movimiento Al Socialismo (MAS)”, remarcó Huayhua.

Por su parte, Lucía Vargas dijo que la alternancia a media gestión es una forma de acoso, ya que la autoridad es electa para cumplir el cargo por cinco años. La activista mencionó que es necesario trabajar en campañas de información y mecanismo fortalecidos del TSE para sancionar a estos suplentes.

Más alternativas

Para evitar la ilegal gestión compartida que atenta a los derechos políticos de las mujeres que ejercen la titularidad en algún cargo, desde la Coordinadora de la Mujer plantean que tanto titular como suplente sean del mismo sexo para que la concejala no sea presionada a renunciar. Esta propuesta la aplicó el 50% de las organizaciones en las subnacionales de 2021. Sin embargo, aclararon que no solo son los suplentes quienes ejercen presión sino otros actores.

De los tres casos denunciados este año en Chuquisaca, la coordinadora de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Chuquisaca (ADECOCH), Mabel Abastoflor, detalló que a una concejala se le niega la representación en su gobierno municipal, declarándola en comisión.

También revela que, al momento de la habilitación de una concejala, el delegado de la organización política no presentó de manera oportuna la documentación, pese a que la autoridad electa entregó la información de acuerdo a los plazos y requisitos establecidos. “El delegado de mala fe escondió la documentación para que la concejala no sea habilitada legalmente”, relató Abastoflor.

Uno de los hechos más llamativos hace referencia a un alcalde quien no respetaría el nivel jerárquico de las concejalas de su municipio y las discrimina. “El alcalde las trata no de acuerdo a sus atribuciones de autoridades electas, sino que se considera de jerarquía superior y continuamente las discrimina, no deja que ellas ejerzan sus funciones acordes a sus atribuciones como manda la Constitución, la ley departamental y los reglamentos internos”, manifestó Abastoflor.

En el marco del Encuentro Departamental de La Paz contra el Acoso y la Violencia Política, las autoridades electas y las organizaciones participantes conformaron un comité para acompañar las denuncias de todas las mujeres elegidas en las elecciones subnacionales, ya que identificaron algunas debilidades en la norma y en el seguimiento oportuno de las denuncias.

Este comité está representado por la vocal responsable de género del Tribunal Electoral Departamental (TED) La Paz,  Zonia Yujra; por la representante de la Organización de Mujeres Indígenas del Kollasuyo (OMAK), Lucrecia Huayhua; por Guillermina Apaza, de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de La Paz (ACOLAPAZ); en representación del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara (CDIMA), Alicia Canaviri Mayta, entre otras autoridades.

“Se debe cortar esta discriminación. Los espacios de poder aún son considerados espacios de propiedad de un género. Ese es el problema”, dijo la presidenta de la Asociación de Concejalas de La Paz, Maribel Mita.

La cumbre nacional prevé analizar la Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres y los alcances del TSE para acompañar a las víctimas de acoso y violencia dentro de sus partidos políticos como militantes, candidatas y autoridades electas. La cumbre se realizará en marzo y previo a ello tribunales electorales se reúnen con las organizaciones y sociedad civil para conciliar acuerdos.