Cinco casos muestran que el sistema de administración de justicia es implacable con los opositores, pero no actúa en el caso de oficialistas. La oposición señala que la justicia está parcializada y aplica un “doble estándar” en sus actuaciones. El Movimiento Al Socialismo (MAS), en cambio, indica que se debe castigar a quienes cometen delitos sea de cualquier fuerza.

“Cuando se trata de un alcalde de oposición, sea quien sea, inmediatamente actúan, lo que no está mal. Así, con esa celeridad, se debería actuar con todos. Pero cuando se trata de sus alcaldes, de sus autoridades, no actúan. Esta parcialización de la justicia es condenable”, declaró la senadora Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana (CC).

Desde el MAS, el diputado Sandro Ramírez dijo que se debe castigar a quienes cometen delitos, sin importar del partido que sean. “El mensaje de nuestro hermano presidente Luis Arce ha sido claro: de que todos los que cometen delito no se va a socapar, no se va a ocultar, se debe castigar, sea de cualquier partido político, sea de oposición o sea del oficialismo”, aseguró.

Los casos Santos y Mamani

El gobernador de La Paz, Santos Quispe (Jallalla), fue sorprendido la noche del martes con bebidas alcohólicas y en estado de ebriedad en su despacho. Fue aprehendido y trasladado a celdas policiales. La Fiscalía lo imputó por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos y obstrucción de la justicia. 

El jueves, en la audiencia cautelar, el Juzgado Primero Anticorrupción determinó su detención domiciliaria con derecho a trabajo, un arraigo y, además, fijó una fianza de 70.000 bolivianos y una prohibición para consumir bebidas alcohólicas. 

No ocurrió lo mismo en Potosí, donde estalló el caso de la compra irregular de 41 ambulancias por 20,5 millones de bolivianos. El contrato fue suscrito entre el gobernador Jhonny Mamani (MAS) y la empresa proveedora Estefals Logistics, el 26 de noviembre de 2021.

La Gobernación potosina denunció a 17 subalternos y abrió proceso contra la empresa proveedora, pero no tomó ninguna acción contra Mamani. Por otro lado, la Fiscalía no actuó de oficio, pero hay dos denuncias que fueron admitidas.

Arias y Chávez

El mismo día en que Iván Arias (Somos Pueblo) se estrenó como alcalde de la urbe paceña, el 4 de mayo de 2021, fue citado a una audiencia en el marco del caso de una presunta designación irregular en el cargo de director del Centro de Comunicaciones La Paz,  cuando cumplía funciones de ministro de Obras Públicas (diciembre de 2019 - noviembre de 2020).

La Fiscalía imputó a Arias por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y otros. El 18 de junio de 2021, en audiencia cautelar, la jueza Claudia Castro determinó su arraigo y una fianza de 30.000 bolivianos.

La oposición pide que de igual forma se procese al procurador Wilfredo Chávez, porque el 2 de febrero se conoció que Ibert René Renato Aguilar Mamani, sentenciado desde 2017 por ejercicio indebido de la profesión, trabaja como director general de asuntos administrativos en la Procuraduría General del Estado. No obstante, la Fiscalía no se pronunció al respecto.

La condena contra Aguilar fue ejecutoriada en enero y la Constitución, en su artículo 234, establece que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere no tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal.

Ítems fantasmas  y Las Londras

El caso Ítems fantasmas estalló en noviembre de 2021, a raíz de una denuncia interpuesta por Valeria Rodríguez contra su expareja Antonio Parada, exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz. Esa querella puso en evidencia la existencia de 800 ítems fantasmas.

a actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) entró en escena el 3 de diciembre, cuando conformó una “comisión especial”, la cual envió desde Sucre (Chuquisaca) para que pueda “realizar una inspección y supervisión” del caso. El Gobierno, el 5 de diciembre, anunció que se sumaría como parte querellante, y 19 de noviembre, el expresidente Evo Morales dijo al fiscal general Juan Lanchipa: “Ya es hora de que ponga orden” en el caso. 

Tras esa declaración, días después, aprehendieron a la exalcaldesa Angélica Sosa (Santa Cruz Para Todos) y el 24 de diciembre, un juez la envió con detención preventiva a Palmasola.

La FGE no envió una “comisión especial” desde Sucre por el caso Las Londras. El hecho ocurrió el 28 de octubre, en la estancia denominada Las Londras, en  Guarayos (Santa Cruz), cuando periodistas de cinco medios de comunicación, además de policías y civiles, fueron retenidos ilegalmente, durante siete horas, por un grupo irregular. Los comunicadores fueron al lugar para verificar denuncias de avasallamiento. Un día después, la Fiscalía abrió las pesquisas.

Sobre el hecho y su presunta vinculación con los Interculturales, una de las organizaciones del MAS, surgieron contradicciones. El 31 de octubre, el dirigente Isidro Patzi respaldó a “esos compañeros” que ingresaron  “para agarrarse un pedazo de tierra”. No obstante, el 2 de noviembre, otro dirigente intercultural, Guido Cuadrado, expresó que “en esa propiedad no tenemos ni un intercultural”.

El 24 de noviembre de 2021, la Policía presentó a Heber Sixto Canaza como el principal sindicado de liderar el secuestro en Las Londras.  No obstante, ya transcurrieron más de tres meses y no se registran avances en las pesquisas, tal como lo manifestaron periodistas cruceños, el 28 de enero, cuando protestaron con un plantón en el Comando.

Revilla y Vera

El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en contra del exalcalde Luis Revilla (Sol.Bo), el 24 de enero, el mismo día en que Jesús Vera, dirigente vecinal y excandidato del MAS, dijera que la Fiscalía debía emitir un mandamiento de aprehensión contra la exautoridad.

Cinco días después, Revilla se declaró en la clandestinidad, antes de que su esposa fuera citada a declarar en el marco del caso en el que Vera acusa al exalcalde de comprar con sobreprecio los buses PumaKatari.

Vera, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz afín al MAS, es el principal acusado de la quema de 66 buses PumaKatari, ocurrida la noche del 10 de noviembre de 2019.  La denuncia se presentó el 15 de noviembre de 2019 por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, instigación pública a delinquir, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, y robo agravado. El dirigente vecinal está con detención domiciliaria, la cual el municipio denuncia que violó.

Caso Colcapirhua

El jueves, el alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate (CC), fue aprehendido luego de que se allanaran sus oficinas. Es acusado por la supuesta compra irregular de pruebas antígeno nasal para el diagnóstico de covid.

La dirección de CC  suspendió a Gallinate en tanto dure la investigación y aclare su presunta participación. La alianza también expresó su desconfianza en el sistema judicial y los fiscales, por su forma actuar. 

“Sostenemos nuestra desconfianza en la actuación del sistema de justicia y de los fiscales, controlados de manera evidente por el MAS, que actúan de manera totalmente servil y parcializada en casos como el del Gobernador de Potosí, a quien se lo protege y apaña, mientras intervienen con encarcelamiento y acciones policiales espectaculares, en otros hechos que tienen que ver con autoridades opositoras”, señaló CC.