El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé ha lanzado un desafío al presidente Luis Arce esta semana: que convoque a acuerdo nacional para reformar estructuralmente la justicia, en vez de conformar otra comisión para tratar el tema de los feminicidios. Pero, además, ha sido explícito en pedirle que la oposición sea tomada en cuenta para encarar, en conjunto, este desafío. Hasta ahora, el silencio es la única respuesta para el expresidente, quien es un jurisconsulto reconocido a nivel internacional, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, embajador ante los Países Bajos  y agente de Bolivia ante la Corte de La Haya durante el gobierno de Evo Morales.

Rodríguez es actualmente uno de los ocho juristas de diferentes países del mundo que integra un comité de nominales de jueces de la Corte Penal Internacional. De hecho, acaba de ser reelegido por un nuevo período de tres años para ese cargo. También es integrante de un comité de la sociedad civil peruana que supervisa la forma de elección del Tribunal Constitucional. En lo académico, trabaja en mentorías de tesis y está escribiendo un libro en el que irá reflejando los casos en los que le ha tocado intervenir en su vida pública.

En esta entrevista con Página Siete, a partir de un hecho concreto como es el de un asesino y violador serial que fue liberado por un juez, da pautas de cómo avanzar hacia una reforma estructural de la justicia.

¿Cuál es su evaluación de la justicia luego del caso del asesino y violador serial?

Es un episodio más que no me sorprende, porque en tiempos relativamente recientes nos habíamos ido acostumbrando a los problemas en el sistema judicial y en el Ministerio Público, desde los casos más desconocidos en las provincias, hasta aquellos que se suscitaron en cortes departamentales, en el Tribunal Supremo, el propio Tribunal Constitucional, de manera que este último episodio no es ajeno a un sostenido deterioro del sistema.

¿No le parece que este caso, que toca a los ciudadanos, llevó a la justicia a tocar fondo?

Las características de este último episodio tocan la fibra más sensible de la ciudadanía y exponen una realidad que se ha venido intentando poner de relieve en el último tiempo, que no tenemos un servicio de justicia confiable, que no es imparcial y lamentablemente se ha rendido ante la corrupción más baja.

¿Cuál cree que sea la causa?

Puede obedecer a factores de corrupción muy específicos o también a otras causas estructurales de larga data, como la falta de presupuesto del sistema judicial, la falta de incentivos para consolidar un sistema de carrera independiente. Hoy cerca del 70 al 80% de los jueces son funcionarios temporarios, que no están consolidados en una carrera. El presupuesto judicial se ha reducido a lo largo de los años y hay problemas notables de independencia.

El tema de la falta de independencia ¿a quién es atribuible? Muchos dicen que es central, pero en las propuestas de reforma el gobierno no toca ese tema.

Yo parto de la idea de que si hay un servicio público que debe ser esencialmente imparcial y accesible es el de la justicia, y esta característica no ha estado presente por mucho tiempo. Posiblemente hay jueces probos y decisiones que han satisfecho a los litigantes, pero de un tiempo a esta parte ha sido muy explícito que varias de las decisiones o de algunos tribunales o jueces se han inclinado para favorecer intereses, ya sea personales o político partidarios, esa falta de imparcialidad o de corrupción en algunos casos ha llevado a tener esta percepción de que algo no está funcionando bien en el sistema. Estamos en un tiempo oportuno para evaluar qué está pasando con el sistema y dar pasos a una transformación estructural.

¿Qué opina sobre la conformación de una comisión para tratar el tema de la liberación de feminicidas y asesinos?

Antes de conformar comisiones coyunturales como es ésta, es indispensable que quienes ejercen el poder, en este caso el Presidente, que convoque al resto de los órganos de poder público, al Legislativo, al Judicial y al Electoral, con una explícita participación plural, esto implica la incorporación de la oposición y de los sectores de la sociedad civil interesados en participar, para que se pueda lograr un buen consenso para reformar estructuralmente la justicia, porque esta es una deuda que tiene el Estado con los ciudadanos. Ya el año pasado, el Legislativo conformó una comisión precisamente para el mismo objeto; francamente no sé qué exactamente hará, porque en términos constitucionales hay limitaciones para que un poder asuma las atribuciones de otro, con atribuciones que no son delegables entre sí. Creo que más importante que una comisión es un acuerdo político.

¿Usted cree que hay algún grado de voluntad para ir a ese acuerdo político, tomando en cuenta que en los últimos años no hemos visto ninguna convocatoria a la oposición? El poder se ejerce de manera unilateral y vertical.

No soy parte del Ejecutivo ni de ningún otro órgano de poder, pero no pierdo la esperanza, el optimismo, que hoy y a partir de estos hechos que han levantado esta preocupación ciudadana, estos funcionarios públicos y políticos tengan la madurez, la altura  de asumir de que el sistema judicial debe ser imparcial, independiente y accesible, que son virtudes que no hacen a un partido de oposición o de oficialismo, es una virtud que señala la Constitución de un servicio imprescindiblemente imparcial. Si se piensa que la conducción de grandes políticas es solo de los ganadores, sin intervención de los perdedores u opositores, a mi juicio es un error, más bien yo creo que un proceso de concertación gradual o la modalidad que se quiera será una ganancia para todos. Ganarán el Presidente, el Poder Ejecutivo y las mayorías o minorías del Legislativo, mostrando a la ciudadanía que están interesados en trabajar por algo que es independiente de la política. Este es un país fundado en el pluralismo político y ese pluralismo debe expresarse en esa capacidad de concertación.

¿La convocatoria tendría que salir necesariamente del Ejecutivo?

No necesariamente.

¿De la sociedad civil, por ejemplo?

La sociedad civil ya se ha pronunciado en múltiples oportunidades. Algo que yo reclamo es que no se está trabajando con la intensidad necesaria los diagnósticos, tenemos que saber qué está pasando con el sistema, no solo en estos casos tan notables de corrupción, sino todo lo que abarca el servicio, porque hay legislación obsoleta, porque no hay jueces, presupuesto, como se articula ese servicio con el sistema de justicia indígena originaria campesina. Justamente en materia de feminicidios se aprobó una ley no hace mucho, que establecía competencias específicas para juzgados que atiendan estos temas de violencia contra la mujer, se preveía el establecimiento de un número cercano a 50 juzgados, no se han establecido sino la mitad, tenemos legislación obsoleta para los procesos laborales, tenemos legislación obsoleta en materia de recuperación de daño civil al Estado en los juicios coactivos, la legislación penal tiene una disfuncionalidad porque se trabajó en un código del sistema penal que por problemas políticos no llegaron a poner en vigencia. Hemos llegado a un punto en el que creo que se abre una oportunidad. Con el mayor respeto, creo que es una gran oportunidad para el presidente Arce, para dar la señal de que es posible trabajar con todos los sectores, y gradualmente empezar un proceso que no se quede en cumbres de seis ejes.

¿Y usted no está trabajando  con la cooperación, con algún grupo de académicos para hacer una convocatoria?

Yo me sumé a la convocatoria que hizo el ministro de Justicia en su tiempo, a varios profesionales. Se pensó que esa comisión de apoyo podía expandirse en términos de género y de otros abogados y abogadas indígenas, pero eso no ocurrió, ni tampoco se reflejó la voluntad de escucharnos y llevar nuestras iniciativas a un proceso abierto, participativo. El último anuncio del ministro y ratificado por el presidente es celebrar una cumbre con seis puntos, de los cuales algunos son muy atendibles y adecuados, pero yo insisto que si no hay una estrategia política que comprenda una participación plural, fracasará el intento porque seguirán la sospechas de que este es un procedimiento para avalar lo existente o solo transformar bajo las líneas de un solo partido.

El problema de las cumbres es que normalmente tienen más movimientos sociales que de personal técnico. Ahora ¿quiénes deberían hacer la reforma?

La reforma debe partir con una línea de base de información, quienes vayan a tener el poder y la capacidad de reformar, incluidos los ciudadanos que vayan a votar tienen que conocer. Hay una información de que en el país hay poco más de 700 mil expedientes demorados. Con esta cifra quiero destacar la importancia de lo que tenemos entre manos para reformar. Tenemos cerca de 18 mil presos que viven hacinados en recintos penitenciarios, de los cuales 70% son detenidos preventivos sin condena. Por eso, debería existir una línea de base que diga tenemos tantas normas y tantas deben ser reformadas, en materia de recursos humanos, hay más de 800 jueces provisionales. Cuando dejé la judicatura el año 2006 había cerca de mil jueces y no ha variado y ha pasado más de 20 años, el presupuesto se ha reducido en términos porcentuales. A mi juicio, lo primero que hay que hacer es tener una voluntad política sana, respetuosa, inclusiva, en la cual todos sepamos lo que queremos cambiar y hacia dónde.  En Bolivia hay abogados, legisladores y profesionales que pueden contribuir con sobrada ventaja, a diferencia de famosos expertos internacionales, de los que tengo gran escepticismo. No creo que sean ellos, gente que no vive aquí, no sufre lo que es esto, la que tenga que decirnos por dónde comenzar y terminar.

¿La forma de elección debe mantenerse o cambiarse?

Una de las novedades que nos trajo la nueva Constitución es la elección de jueces por voto popular, yo me pronuncié en su tiempo en el sentido de que no era muy afortunada esa decisión porque no importa quién elige a los jueces, puede ser el presidente, el congreso, dos tercios, el pueblo, pero nada de eso convierte al elegido en una persona más íntegra y más capaz, creo que ese es un tema de integridad personal. Lo importante es identificar una fórmula que garantice que las personas seleccionadas sean las más íntegras, las más capaces, y no comprometidas con un interés político partidario. Dejar esa responsabilidad a quienes no los conocen y no pueden debatir con ellos su capacidad técnica es cargar al ciudadano una responsabilidad que podría hacerla mucho mejor el Órgano Legislativo, en consenso con el Judicial o el Ejecutivo en fórmulas participativas, donde se transparente esa rigurosa selección de candidatos. En esa línea me inclino porque este gran consenso debería evaluar lo que nos ha tocado cumplir ya en dos elecciones, donde más del 60% del voto ha sido blanco y no ha contribuido a tener mejores tribunales.

¿Debería haber una depuración de operadores de justicia?

Yo no soy muy partícipe de estas formas inquisitivas de depurar o de cambiar, yo primero haría un consenso sobre cómo proceder.

Mucho se habla de que en el MAS hay una corriente dura liderada por Morales, que quiere a sus enemigos opositores en la cárcel y para eso necesita jueces maleables. ¿No cree que ese es el impedimento para llevar adelante una reforma judicial?

Yo no puedo referirme a ese conflicto porque no soy parte del MAS, no juzgo estos problemas. Lo que sí me cabe decir es que, si al partido A, B o C le parecería que controlando más la justicia va a poder controlar procesos políticos de su interés, ya sea para escarmentar a alguien o quitarles responsabilidad a otros, están en un grave error, la justicia no está hecha para fines político partidarios, es el justo medio de un conflicto. Tal vez si lo piensan así, no puedo dar fe que así sea, mi reflexión es que están cometiendo un error que está costando a todo un país. Posiblemente esos intereses, de los cuales no puedo dar fe que así sean, pero si así fuera, mi reflexión es que, por favor, dejemos eso a un lado, para eso son los tribunales independientes que sabrán castigar o absolver a quien deban hacerlo, pero no porque sean o no miembros del partido.

Pasando a otro tema. El presidente Castillo habló de llamar a una consulta para preguntar sobre la demanda marítima boliviana y eso generó un gran rechazo entre los peruanos. ¿No cree que al final fue un retroceso para el país?

Las verdaderas vocaciones de contribuir a los efectos de nuestra mediterraneidad no vienen de discursos políticos. Chile y Perú deben mostrar una genuina vocación de integración para contribuir a este tema. No me toca juzgar la política interna peruana y si el señor Castillo se excedió o no, lo que me queda claro es que, a lo largo de la historia, ni el Perú ni Chile dieron el paso efectivo para ayudarnos a resolver nuestro encierro. Creo que Chile y Perú deberían estar más genuinamente interesados en asumir las dificultades que tiene Bolivia para acceder al océano Pacífico. A mi juicio las posibilidades de mejorar las condiciones de libre tránsito que tenemos son muy precarias. Perú y Chile por la convención de NNUU de los derechos del mar están obligados a mejorar las condiciones que nos dan.

¿Cree que la llegada de Boric pueda ayudar a retomar el diálogo, tomando en cuenta las coincidencias ideológicas?

Bolivia podría hacer muchas cosas más, tener una relación más abierta con Chile. Nuestra relación debería ser plena, a nivel de embajadores y que nos permita aprovechar mejor los alcances del Tratado de 1904 y el de la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia que nos ha devuelto el problema sin resolverlo, y ha señalado que hay una vocación que debe guiar las negociaciones diplomáticas, que es la buena vecindad, porque es un problema que subsiste, así lo ha reconocido la corte. Hay un desafío diplomático, espero que la administración del presidente Arce tome un paso en esa línea.

Yo no soy muy partícipe de estas formas inquisitivas de depurar, yo primero haría un consenso sobre cómo  proceder

 Bolivia podría hacer muchas cosas más, tener una relación abierta con Chile. Nuestra relación debería ser plena