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Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: lunes 07 de febrero de 2022
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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Los 37 vocales que fueron aprehendidos en el caso fraude electoral se declararon víctimas de los hechos luctuosos de 2019 y piden ser tomados en cuenta en la ley de reparación integral que debe promulgar el Gobierno. Mediante la Asociación de Exvocales Presos, acudieron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Bolivia (Oacnudh).
“Como asociación estamos apelando a la Oacnudh como última instancia, ya que no tenemos repuesta a nuestro pliego petitorios enviado al Presidente, al Vicepresidente y al Ministerio de Justicia”, indicó la exvocal electoral de Chuquisaca Cira Torres.
Tras el corte del sistema de conteo preliminar TREP durante las elecciones del 20 de octubre de 2019 (20-O) y la emisión del informe de la OEA sobre varias irregularidades, el país vivió una crisis política y social que decantó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Después de su salida del poder empezaron una serie de detenciones de los vocales electorales en los nueve departamentos.
La exvocal de Oruro María Eugenia Arce afirmó que la acusación en contra suya y de sus colegas -por manipulación informática y ocultar resultados- era injustificada. Aclaró que el TREP era responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que los tribunales electorales departamentales (TED) no dejaron de pasar los resultados a esta instancia. No recibieron explicaciones de lo que sucedía con el conteo.
El Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de la crisis electoral de 2019 señala que hubo varias arbitrariedades de la Fiscalía, la Policía y las instancias judiciales en los procesos interpuestos en contra de los vocales de los TED. Advierte sobre “serias irregularidades procesales que obstaculizaron su derecho a un debido proceso y a la presunción de inocencia”. Afirma que se logró identificar “un mismo patrón de persecución” en todos los casos.
El documento aclara que se refiere únicamente a las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del proceso por el presunto fraude electoral. Este análisis “de ninguna manera” suple la investigación del Estado sobre si existió o no irregularidades en el proceso electoral, puntualiza el informe.
Todos los vocales departamentales, aunque no con la misma rapidez, fueron sobreseídos en los primeros meses de 2021.
Las detenciones
“A nosotros no nos aprehendieron en nuestras casas o escapando. No había nada irregular. Por eso, luego que casi fuimos quemados en el TED y tuvimos que escapar, nos presentamos voluntariamente ante la autoridades. Yo fui detenida y luego enviada a un penal. No atendieron mis pedidos de ver un médico, ni mi solicitud de protección porque temía que ahí dentro me hagan algo”, relató Torres.
Esa historia se repite en muchos casos. En su mayoría las exautoridades electorales afirman que fueron arrestadas luego de presentarse a declarar de forma voluntaria.

“En Oruro no se intentó quemar el TED como en otros departamentos. Por eso me presenté voluntariamente. No nos capturaron como dijo la Policía a la prensa”, dijo Arce, exvocal de Oruro.
El informe del GIEI señala que durante los arrestos las autoridades judiciales y policiales presionaron a los vocales para que renuncien a sus cargos antes de sus audiencias cautelares. También advierte que hubo vulneraciones con sesgos de género.
Por ejemplo, en el caso de los cuatro vocales del TED Potosí, detenidos en Cantumarca, las tres mujeres dormían en el piso, mientras que el varón estaba en un área de aislamiento “por razones de seguridad”. En Tarija las vocales Zulma Sánchez y Alicia Durán estuvieron detenidas en la Felcc junto a otros hombres. Todos tenían un único baño abierto.
“Éramos autoridades electas con seis años de gestión. En la mayoría de los departamentos estábamos en la mitad de ese lapso cuando nos han cesado y encarcelado. Eso se nos tiene que responder. El GIEI nos reconoce como víctimas”, finalizó Torres.

Foto: APG
GIEI pidió que detenidos ilegítimamente sean restituidos en cargos
Sostiene que se incluyan a todas las personas que fueron “arbitrariamente detenidas y procesadas” y que, por esa razón, perdieron el derecho a “permanecer en funciones”.
“En ambos casos, y si las personas así lo desean, deben ser restituidas en sus cargos, o cuando esto no sea factible, en otros de naturaleza y remuneración similares”, dice el documento.
Para los casos en los que las personas afectadas no deseen ser reincorporadas a sus anteriores cargos u otros similares y en los que los cargos a los cuales fueron obligadas a renunciar sean con mandato por tiempo determinado, por no ser posible la reincorporación, se les debe dar una “indemnización”.
Se detalla que la compensación “debe ser correspondiente a los daños materiales e inmateriales que los afectados sufrieron como resultado de tal destitución o renuncia”.
Añade que en estos casos corresponde el “lucro cesante”, es decir, que se debe pagar una indemnización monetaria, a título individual, a las víctimas -directas e indirectas- que hayan dejado de recibir ingresos como consecuencia de la vulneración de sus derechos.
¿Quiénes eran los vocales electorales departamentales?
Estos tribunales son los encargados de realizar, acompañar y velar por la transparencia de los procesos electorales. Concentran el conteo de votos y remiten los resultados al TSE. Es por esto que sus integrantes deben tener una línea de distancia con las organizaciones políticas.
En junio de 2019, Página Siete publicó una radiografía de los TED. Una revisión de estos muestra aspectos importantes, como los antecedentes profesionales.
De los 45 vocales que dirigían los nueve TED en las elecciones anuladas de 2019, al menos 20 fueron funcionarios del gobierno de Evo Morales. Uno fue el primer procurador del país, mientras que los otros ocuparon cargos en los ministerios y las empresas estratégicas.
Algunos juraron en su designación con el puño izquierdo en alto y se declararon simpatizantes del proceso de cambio. Otro de los aspectos que llamó la atención es que del total de vocales solo 15 comprobaron, en sus currículum, tener una carrera en instituciones del Órgano Electoral.

Foto: Armin Copa
Dos años sin certeza

Bolivia celebró elecciones generales en las que el entonces presidente Evo Morales buscó un cuarto mandato. Su postulación fue rechazada en un referéndum, pero el TCP le dio luz verde.
Hasta esa hora, del 20-O, el TREP había recibido 30.845 actas electorales, es decir el 89,26% del total. Este sistema de conteo fue detenido unos minutos por una conferencia de los vocales del TSE.

Sorpresivamente hubo un corte del internet y la electricidad en las oficinas del Serecí. En ese momento se ordena la detención del TREP (conteo rápido) y también la validación de actas.

A las 14:30 con el servicio de internet restablecido en Serecí, se reanuda la validación de actas y se avanza con el conteo oficial, sin reanudar el preliminar, pese a la susceptibilidad de la población.
Ese mismo día, cerca el anochecer se reasume la generación de resultados con un mayor avance y un cambio de tendencia a la registrada antes del corte. Con los datos Morales descartó un balotaje.

Se generó una crisis que llevó a Morales a renunciar. Se aprehendió a los vocales por manipulación informática, alteración y ocultación de resultados, y resoluciones contrarias a la CPE.
La mayoría estábamos en la mitad del lapso fijado cuando nos han cesado y encarcelado. Se nos debe responder por esos hechos
Cira Torres, exvocal



