El régimen autonómico en Bolivia fue instituido en la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 y concretado con la promulgación de la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”; sin embargo, dicho régimen, a pocos días de cumplir 13 años, no es ejercido plenamente por las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), así como las competencias y facultades conferidas; de ahí que nace la importancia de analizar el camino recorrido hasta la fecha.

La CPE reconoce cuatro niveles de autonomías: la departamental, regional, municipal e indígena originario campesino, asignándoles competencias exclusivas, compartidas y concurrentes. Asimismo, establece que la autonomía implica la elección directa de sus autoridades, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos (ejecutivo y legislativo) en el ámbito de su jurisdicción. Empero, es evidente la predominancia de asimetrías reflejadas entre las 351 entidades territoriales autónomas del país —9 Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), 1 Regional (GAR), 336 Municipales (GAM) y 5 Indígena Originario Campesinos (GAIOC)—, como ser los niveles de pobreza, índices de desarrollo humano, crecimiento poblacional y otros.

En esta nueva forma de organización territorial, las ETA deben aprobar sus Estatutos Autonómicos (en el caso de los GAD, GAR y GAIOC) y Cartas Orgánicas (en el caso de los GAM), así como la conversión de las autonomías y la decisión final sobre los conflictos limítrofes, entre otros; no obstante, a la fecha solo 3 GAD, el GAR y las 5 GAIOC aprobaron sus estatutos y 24 GAM sus cartas orgánicas, es decir que solo el 9% de las ETA cuentan con una norma institucional básica.

Esta realidad nos lleva a cuestionar el ejercicio de la autonomía, las competencias y la generación de recursos de las ETA, considerando también las necesidades económicas y sociales diferenciadas entre departamentos.

Y es el nivel central del Estado, el que a través de la flexibilización de la normativa, la creación de diferentes Fondos —como el Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva (FOCIPP) y el Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP)—, proyectos de inversión pública productivos, ambientales, de infraestructura caminera, de salud, entre otros; cuyo monto previsto en el Presupuesto General del Estado de 2022 asciende a $us 5.015 millones, coadyuvan a las ETA en su gestión administrativa, en el desarrollo de políticas y para que generen mejores condiciones de vida para los habitantes de sus jurisdicciones.

Por tanto, es importante seguir extremando esfuerzos para que este proceso autonómico siga desarrollándose de manera ordenada e ir mejorando a través de la coordinación entre los diferentes niveles del Estado, ya que este régimen fue adquirido por la voluntad del pueblo, y no lanzar ideas sin fundamento ni planificación como es la del federalismo, que solo generaría caos en la administración pública y ni qué decir de las asimetrías en el país; más aún considerando que todas y todos los bolivianos valemos lo mismo, pero no costamos igual.

Gloria Villanueva Cardoso es ingeniera industrial.