El Gobierno trabaja contrarreloj para llevar adelante la reforma a la justicia, toda vez que las próximas elecciones de las autoridades judiciales serán en 2023, por lo que es necesario definir la forma de designación. El oficialismo señala la necesidad de concertación con los sectores de oposición.

El ministro de Justicia, Iván Lima, en contacto con “El café de la mañana”, detalló que la determinación de elegir a las altas autoridades de la justicia era poner fin al proceso de cuoteo que existía por la composición política, en el que era clara la intención de mantener una proporcionalidad entre todos los partidos.

“Dejar de lado el cuoteo político, para pasar a un elemento, que lo han reconocido todos que fue un error. No hay nadie que te diga que en la elección popular (está bien) dejar de lado la elección de jueces: Entonces esto que está mal teníamos que cambiarlo y es uno de los temas que di mucha importancia (...) y requiere de un mayor consenso. Juan del Granado está pidiendo, el grupo de Carlos Alarcón también, y creo que ya hay un consenso de que esta elección por voto popular no puede ir más”, sostuvo.

Renovación

En ese contexto, ante la proximidad de las elecciones judiciales en 2023, el titular de Justicia señaló que se tiene que definir a la brevedad posible si se mantiene el proceso o la forma de elegir a los magistrados y consejeros.

“Está claro que no vamos a elegir defensor del pueblo si no tenemos dos tercios (en la Asamblea), si no nos ponemos de acuerdo con la clase política en la Asamblea, pero lo peor es que en 18 meses podemos quedarnos sin esos 26 jueces ‘malos’, si en 18 meses nosotros como políticos no encaramos el tema en unidad. No va a haber Tribunal Supremo, no va a haber Constitucional ni nada en la justicia; se necesita dos tercios para el cambio o inclusive para seguir este modelo y elegir a quienes van ir como candidatos en una plancha, por eso es urgente el acuerdo”, dijo.

Oposición

La oposición, en determinadas oportunidades, cuestionó el proceso de elección de los magistrados y consejeros, y ve la necesidad de una reforma judicial urgente para salir de la crisis en que se encuentra.

“Que la calificación de méritos no esté en manos de ningún organismo político, que la calificación esté integrada por ciudadanos: dos de ellos elegidos por la Asamblea, dos por el sistema universitario, uno de ellos por el Colegio Nacional de Abogados y un sexto por el sistema de justicia indígena originaria”, planteó el exalcalde y abogado Juan del Granado, en su oportunidad.

En los procesos anteriores 2011 y 2017, la batalla política se concentró en la preselección, no se pudo conformar una “comisión independiente” para definir candidatos como planteaba la oposición. En respuesta, el oficialismo se negó a renunciar al mandato constitucional de la Asamblea para su labor de selección.

Urge renovación de la justicia

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, manifestó ayer que la reforma de la justicia es un imperativo de todos los bolivianos, y debe iniciarse con la renovación urgente de jueces y vocales a partir de un proceso transparente de evaluación de desempeño e institucionalización de cargos transitorios.

“La renovación de la justicia es un imperativo para todos los bolivianos, es un imperativo asumir un compromiso de ir a una transformación real de la justicia. Esta renovación se basa en la evaluación del desempeño y la institucionalización”, indicó el titular de Justicia.