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Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: martes 08 de febrero de 2022
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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A dos días del inicio del juicio oral y por la vía ordinaria contra la expresidenta Jeanine Áñez y algunos exjefes castrenses, familiares de militares detenidos por el caso “Golpe de estado I y II” denuncian que el proceso que se lleva adelante no es contra los verdaderos autores de los luctuosos hechos de noviembre de 2019.
Dijeron que sólo es una estrategia del Movimiento Al Socialismo para refrendar su versión de “golpe de Estado” .
Manifestaron que la intención del exmandatario Evo Morales era activar una confrontación civil y lo que pretenden ahora es “encubrir los grandes errores políticos” que cometieron en ese momento.
Al prohibir a las Fuerzas Armadas, en 2019, salir a las calles y dejar que los movimientos sociales se encarguen de reprimir los bloqueos de ciudadanos, que denunciaban fraude electoral en las elecciones de octubre de ese año, Morales pretendía crear un vacío de poder para aferrarse al Gobierno y disolver los pedidos de renuncia que crecían cada día.
En un comunicado, firmado por “Familias de las Fuerzas Armadas”, se hace una síntesis de lo acontecido entre el 4 y 12 de noviembre de 2019. En este periodo los miembros del Alto Mando Militar “acataron de manera disciplinada las disposiciones del gobierno legalmente constituido de Evo Morales, quien los seleccionó y nombró”, dice el documento.
“Las familias de las Fuerzas Armadas, indignadas, solicitan al presidente Luis Arce Catacora, al Ministro de Justicia, al Ministerio Público evitar cambiar la verdad histórica de los hechos en los casos Golpe de Estado I y II, que se investigue a fondo, con justicia e imparcialidad y se encuentren a los verdaderos responsables políticos de cualquier color y dejen de mellar la dignidad de las Fuerzas Armadas”, dice el comunicado.
Indica que en este afán de cambiar la historia se responsabiliza a generales y almirantes del Alto Mando Militar de la gestión 2019, seleccionados y nombrados por el expresidente Morales, además de los de la siguiente gestión. Se los acusa “de los supuestos delitos de terrorismo, sedición, conspiración, resoluciones contrarias a la constitución e incumplimiento de deberes, para encubrir seguramente los grandes errores políticos que se cometieron”.



