Tres líos acechan la gestión del gobernador de La Paz, Santos Quispe, en menos de un año de gestión, dejándolo el último con detención domiciliaria, pago de fianza y arraigo, entre otros dictámenes de la justicia.

El juez primero anticorrupción de La Paz determinó detención domiciliaria para el gobernador Santos Quispe, acusado por los delitos de uso indebido de bienes públicos y obstrucción a la justicia.

La decisión judicial autoriza al Gobernador a ausentarse de su detención domiciliaria para trabajar de 7:00 a 21:00.

La fianza que debe pagar es de 70 mil bolivianos, además de la prohibición de acercarse a implicados y denunciantes. Se le prohibió consumir bebidas alcohólicas o acudir a lugares donde las expendan.

La decisión del juez se asumió, a pesar de que la Fiscalía pidió tres meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro.   

INFRAGANTI

El proceso surgió después de que Quispe fue encontrado en su oficina con latas de cerveza y presuntamente en estado de ebriedad la noche del martes.

En la audiencia de medidas cautelares, la Fiscalía argumentó que se había encontrado latas de cerveza y botellas de singani en los ambientes de la Gobernación, además que el imputado habría impedido la acción policial se habría negado a la prueba de alcohotest.

OTROS CASOS

En junio de 2021, Quispe fue denunciado por conducción peligrosa, después de que un vehículo oficial protagonizó un choque. Sin embargo, la autoridad alegó que no iba a bordo de dicho motorizado y fue declarado inocente.

En diciembre de 2021, lo denunciaron por la designación de una notaria de forma irregular, ya que esta no habría cumplido con los requisitos. Fue acusado de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes.

Después de ser hallado en su despacho con latas de cerveza vacías y en presunto estado de ebriedad, la autoridad fue acusada por uso indebido de bienes del Estado.

Si bien el gobernador tiene otros procesos en su contra, el juez manifestó que de tomarse en cuenta aquello como actividad delictiva reiterada se rompería el principio de inocencia, puesto que no hubo juicio en esos casos.

Respecto al peligro de obstaculización a la investigación, el juez consideró que estando libre el Gobernador podría destruir o modificar pruebas, además de influir en los testigos y otros implicados.    

Según el juez, en el delito de uso indebido de bienes no se ha establecido algún daño económico o destrozos de parte de Quispe.