En nuestro país los clásicos tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) son teóricamente independientes pero en la práctica casi nunca lo han sido (pese a todas las reformas formales), y el menos independiente siempre ha sido el Judicial; pero el espectáculo que están dando ahora sus personeros supera todos los récords.

Según últimas noticias, un grupo de agentes de la FELCN (Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico) han sido acusados de dejar droga en una camioneta para poder incriminar a su dueño. Pero no es eso lo peor, lo peor es que cuando se los acusa con grabaciones de las “cámaras de seguridad”, el Juez desestima la causa. ¿Se trata del primer juez comprado en la historia judicial de nuestro país? ¿Se trata de una excepción?

No lo parece. De hecho la prensa nos cuenta que a estas alturas hay 119 feminicidas y violadores que están libres (y nada menos que el Alcalde Luis Revilla se está escondiendo “¡porque no confía en los jueces!”). Con esa práctica se entiende que siete ciudadanos paraguayos a los que se acusa de pertenecer a una red de trata y tráfico se encuentren libres en La Paz, y que mientras el Gobernador de La Paz y sus funcionarios, incluyendo a Santos Quispe (el indigno hijo del inolvidable Don Felipe) se dedican a la borrachera, el supuesto “jefe anti-drogas” se encuentre prófugo.

Peor todavía, el abogado de Richard Choque, el asesino y violador múltiple,  guarda en su oficina materiales del consorcio de jueces y fiscales. ¿Así está la lucha contra las drogas? ¿Alguien encuentra justo que mientras tanto el Estado Plurinacional esté pagando súper sueldos a los directores de la industria petrolera que superan los 100 dólares? El Gobierno se limita a afirmar que así están los sueldos en la industria petrolera. ¿Acaso nuestro Estado no está en el derecho de buscar personal técnico responsable y con experiencia que cobre sueldos ajustados a las condiciones económicas de nuestro país?

Este tipo de políticas salariales es el que ha hecho posible el escándalo internacional de que el protector de narcos (durante el Gobierno de Evo)  Maximiliano Dávila esté siendo buscado por el gobierno de los Estados Unidos (y esté dispuesto a pagar 5 millones de dólares por su captura). ¿Que dicho gobierno no tiene que meterse en asuntos internos de otros países? Es cierto, pero cuando nuestro país sirve de refugio a pesados delincuentes internacionales, no podemos quejarnos.

Claro que todo lo dicho se basa en informaciones de prensa que habría que comprobar si son ciertas. Pero en todo caso, cuando tenemos un sistema de Justicia que nunca la ejerce de manera limpia y objetiva, y en el que nadie se preocupa de una auténtica reforma del Poder Judicial, estamos provocando la intervención de otros países que se ven afectados por lo que sucede en el nuestro.

¿Y los movimientos sociales y organizaciones civiles? En su mayoría están pensando en otras cosas, están preocupadas por obtener ventajas (fundamentalmente salarios y pegas) con cualquier pretexto y no se preocupan por mejorar el sistema de Justicia. Y por supuesto el resultado es que tenemos un Estado al que podemos calificar de inservible, y es que la organización de la humanidad en “estados” es algo des-humanizante que sólo se justifica para por lo menos lograr una sociedad más justa y defensora de los derechos de todos y todas. Pero en los hechos vivimos todo lo contrario. Parece que tienen razón los amigos anarquistas: Mejor vivir sin Estado que tener que aguantar un Estado que mete presos a los rateros y favorece a los grandes delincuentes.

Rafael  Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.