Los abogados constitucionalistas y sociólogos ubican una causa de las crisis en las denuncias de corrupción que se han destapado y que han derivado en procesos en el Ministerio Público. Sin embargo, hay diferencias marcadas entre lo que sucede en Quillacollo y  Cochabamba.

En el primer caso, el alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, acumuló 31 denuncias, una con sentencia en primera instancia. En tanto, José María Leyes reunió 17, la más controvertida la presunta compra direccionada de mochilas chinas.

Un aspecto que resalta en lo político, según los analistas, es que el Gobierno emprendió una “cacería de brujas” con el fin de controlar todos los niveles de Gobierno con miras a las elecciones nacionales de 2019. “Son consecuencias negativas del año electoral que se viene”, indicaron.

Toda esta situación se refleja en la ejecución presupuestaria que no supera el 25 por ciento en ninguno de los dos municipios.

Mientras, que otras alcaldías llegan al 40 por ciento.

“No hay continuidad del personal para ejecutar los POA. Las obras se paralizan, al igual que los pagos. Entonces, la ejecución presupuestaria se queda totalmente pobre”, coincidieron los analistas.

Pero, los principales afectados son los vecinos. Semanas atrás algunos distritos reclamaron el desembolso de recursos. Además, no se están ejecutando proyectos en los barrios.

Pero, también los ciudadanos que realizan trámites enfrentan problemas. En muchos casos, se han visto con procesos detenidos o que sólo les falta una firma, porque se están dando constantes cambios de personal e incluso de MAE.

Lo que la gente pide es que esta situación se detenga y se pueda tener autoridades que trabajen por el desarrollo de las ciudades. Pero, para ello se deben buscar soluciones, que parecen lejanas.

Algunos analistas consideran que las elecciones de 2019 son la única salida.

Mientras otros ven necesaria una reestructuración de los gobiernos municipales. Es decir, retirar a todas esas personas que estuvieron sirviéndose de la función pública, en lugar de estar sirviendo al ciudadano. Además, de una administración de la justicia imparcial.

1. ¿Cuáles son las causas que provocan las crisis en los dos municipios?
José Antonio Rivera. Abogado Constitucionalista: El principal problema es la intolerancia del Gobierno central, del Movimiento Al Socialismo, y su pretensión de ocupar todos los espacios de poder. Al ser gobiernos autónomos administrados por la oposición, se tiene especial interés. El fin es el control para las elecciones de 2019. 
Ma. Teresa Zegada. Analista Política: Son problemas de dos tipos. Uno, es de gestión pública. Lo que se refiere a ejecución presupuestaria, corrupción y falta de transparencia. Ese es un grupo de problemas. Luego, está el tema político, donde hay mayor problema es en los municipios donde las oposiciones buscan frenar la gestión. 
César Cabrera. Abogado Constitucionalista: Más allá del tema estrictamente jurídico, está un trasfondo político de querer derrumbar a todo aquel opositor que se convierte en un obstáculo. Creo que ha comenzado una cacería de brujas en el país. Son muy similares las cosas que están pasando en Cochabamba como en Quillacollo.
Fernando Salazar. Analista político: Ambos casos no tienen el mismo origen. Pero la connotación política es lo que se tiene en común. El deseo del Movimiento Al Socialismo de eliminar a todo grupo de oposición es común. Pero en el caso de Eduardo Mérida es por una libreta, pero de Leyes es por una red de corrupción.

2. ¿Cuál es la mayor consecuencia que se generó por estas situaciones?
José A. R.: Afectación de la institucionalidad democrática. Se traduce en el desconocimiento de la voluntad ciudadana a través de la instrumentalización del Órgano Judicial y del Ministerio Público. En ambas ciudades se está suplantando con autoridades que no emergen de la voluntad popular. 
Ma. Teresa Z.: La consecuencia principal es la falta de gobernabilidad, la paralización de obras, ineficiencia en el cumplimiento de obligaciones del municipio y generar gran incertidumbre en la población y el curso de la planificación de las ciudades que es solicitado por los vecinos.
César C.: El mayor afectado de todo esto es sin duda el ciudadano. Ese es el que sufre las consecuencias directas de toda esta crisis e inestabilidad institucional y política que se da  a partir de la criminalización de la política. Las obras en los distritos están paralizadas y eso se ve en ambos municipios. 
Fernando S.: Se podría decir que hay dos consecuencias. Una, es la crisis de institucionalidad que lleva a una inestabilidad, porque no hay continuidad. Por otro lado, la consecuencia política, ya que el MAS va a generar un paralelismo político, dirigencias paralelas donde no interesa la legalidad.

3. ¿Cómo afecta la inestabilidad en los municipios al vecino de a pie?
José A. R.: Esto genera una total inseguridad del ciudadano que no sabe a qué autoridad acudir para lograr resultados en sus gestiones. Esto va a conducir a una pérdida de legitimidad y credibilidad en la gestión municipal. Pero, al parecer  es lo que menos les interesa a las autoridades de turno.
Ma. Teresa Z.: El más afectado es el ciudadano en todos los aspectos. Vemos un retraso de obras, falta de atención en trámites que buscan hacer las cosas con rapidez. Es decir, el efecto en el ciudadano es mucha falta de certidumbre en un tipo de gestión que debería ser la más cercana a la población.
César C.: Cualquier trámite que uno intenta realizar en este momento seguramente pasará por una serie de problemas. No hay atención a las necesidades básicas, el directo afectado es la población. Existe retraso de obras en los distritos y más complicaciones institucionales.
Fernando S.: Este paralelismo puede llevar a una confrontación, porque seguramente va a querer crear dirigentes distritales paralelos, subalcaldes y demás. Entonces, se puede generar violencia que puede llevar a tener heridos y esperemos que no, pero inclusive muertos. El MAS no está midiendo.

4. ¿De qué manera se puede resolver la crisis en cada región?
José A. R.: Por un lado, se debe hacer que los jueces ejerzan plenamente su independencia y obren en consecuencia. Por otro lado, exigir a quienes están en el poder que respeten la voluntad ciudadana, la Constitución y las leyes. Pero, el resultado dependerá de la voluntad política.
Ma. Teresa Z.: La solución viene fundamentalmente desde las propias autoridades municipales. Han sido elegidas para estos cargos y deben cumplir con su responsabilidad. No es posible que no tengamos autoridades sin capacidad técnica de resolver problemas o estén involucradas en corrupción. 
César C.: Hay mucha gente que entró a hacer un mal uso de la función que cumple y se cree impune por estar en la función pública. Entonces, hay que cambiar esa mentalidad y también se ve que se está pretendiendo criminalizar la política y eso se debe evitar en función a las elecciones del 2019.
Fernando S.: No hay salida. Desde el hecho que Evo Morales desconoce el resultado del referendo. Sin importar qué mecanismos mantengan una prórroga indefinida en el poder. Lo único que puede frenar es una nueva salida democrática, que es una elección y que va a ser la de 2019.