En el MAS admiten que la justicia está atrapada por la corrupción y proponen medidas para recuperar la credibilidad del Órgano Judicial. Sin embargo, Juan del Granado y el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé coinciden, por separado, en que ni el Estado ni el Gobierno garantizan un verdadero cambio en el sistema, que se encuentra en el fondo del abismo.

En contacto con EL DEBER, el expresidente y ex titular de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltzé dijo que una reforma estructural de la justicia requiere grandes consensos políticos. Alertó que sin ese requisito, cualquier reforma fracasará o nacerá bajo la sospecha de perseguir únicamente intereses partidarios. 

Apuntó que la crisis judicial es de tal magnitud que hace tiempo se abrió un “momento constituyente” para debatir de manera plural y participativa si el diseño constitucional responde al propósito de contar con una justicia accesible, imparcial y eficiente, y en su caso, proponer reformas.

En ese aspecto coincide el exalcalde de La Paz y abogado Juan del Granado. Opinó que es necesaria una reforma parcial de la Constitución, vía referéndum. “Estamos frente al agravamiento de una crisis judicial y tenemos que parar esta situación. En mi criterio, vayamos a la reforma de la justicia, cambiando la forma de selección de magistrados del tribunal supremo porque ahí radica el problema, en la cúpula judicial”, dijo Del Granado en el programa Influyentes de EL DEBER Radio.

El también excandidato presidencial advirtió de que la sociedad civil debe apropiarse y protagonizar un verdadero cambio en la justicia, ya que ni el Estado ni el Gobierno garantizan una reforma.

Desde La Paz, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), exigió ayer al Ministerio Público, al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Supremo de Justicia que se revisen todas las decisiones asumidas por jueces en los últimos tiempos que permitieron liberar a feminicidas sentenciados.
El caso del asesino serial Richard Choque Flores, no solo ha destapado la olla, sino que ha puesto contra las cuerdas a las autoridades. Este individuo estaría involucrado en la desaparición de cuatro personas: Blanca Rubí Limachi Sirpa, asesinada en 2013 y por la cual purgaba una condena de 30 años sin derecho a indulto, pero un juez lo dejó salir de prisión. 

También surgió el caso de Rubén Omar Centellas Quevedo, que estaba en libertad a pesar de que fue condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto en 2004 tras haber confesado el asesinato de Carmen Rosa Peña Villagómez, a quien descuartizó y mantuvo partes del cuerpo de la víctima en su heladera. El abogado Édgar Armaza denunció que, a finales de 2021, el ahora exjuez Alcón lo liberó con el mismo argumento que a Richard Choque Flores, un “dudoso” certificado médico de diabetes y sin convocar a la defensa de la víctima.