Las denuncias penales por las irregularidades del contrato para la compra de 41 ambulancias comienzan a cercar al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani. Este miércoles, la diputada Lissa Claros fue notificada con la admisión de la demanda que presentó el 24 de enero por la presunta comisión de hasta seis delitos, incluyendo uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo.

Esta denuncia se suma a las que ya presentaron, en su momento, el Comité Cívico Potosinista y el asambleísta Jaime Flores, siempre por el caso de las 41 ambulancias.

Además, este miércoles, el abogado de la empresa Zegarra Motors, Richard Alejo, comunicó la decisión de su cliente de ampliar su querella por falsedad material, presentada inicialmente contra el responsable de la adjudicataria del contrato de las 41 ambulancias, también en contra del gobernador.

Mañana, en su edición impresa, El Potosí presentará el detalle de estos casos.